Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Para no dejar dudas, para que nadie se dé por sorprendido, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) Delia González Cobos aclaró que ese organismo no se ha utilizado -ni se utilizará- como instrumento de venganza política. Aunque advirtió que tampoco será tapadera de nadie en casos donde se detecten irregularidades en la aplicación de los recursos públicos. *** “No estamos de acuerdo en que haya incumplimiento de la ley y no vamos a permitir que haya desvíos e irregularidades y, sobre todo, no vamos a permitir que haya impunidad”. *** Delia González afirmó que, desde el 26 de septiembre de 2019, cuando asumió el cargo de auditora general no ha recibido presiones de ningún tipo, ni instrucciones de ninguna autoridad, para actuar de una o de otra manera. *** “En ningún caso hemos recibido presión de ninguna autoridad (…) si acaso a los diputados (locales) les pudiera interesar ver algún asunto en particular, pero en ningún caso hemos recibido presiones de ningún tipo”. *** La auditora rechazó que el Poder Ejecutivo haya presionado al Orfis para que tenga una conducta en particular con algún ente fiscalizable: “Por el contrario, se ha actuado con libertad y con lo que marca la Ley”, dijo, y agregó: “Nunca ha estado el Poder Ejecutivo presionándonos para realizar alguna conducta o para presionar a algún ente o municipio”. *** Es bueno que lo sepan los titulares de los entes fiscalizables, pues muchos ya están buscando intermediarios para “resolver” algunos pecados que aparecerán en sus informes.
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En su afán por cumplir a cabalidad las órdenes que recibe desde Palacio de Gobierno, a la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, no le importó recibir una sanción (multa) por parte del Poder Judicial de la Federación, por incumplir la orden de reinstalación como magistrada de Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.
La titular del juzgado 15 de Distrito en Veracruz, Daniela María León Linarte, precisa en la sentencia que el 27 de junio se instruyó para que, en un plazo de dos días hábiles, celebrara la sesión en la que Gladys Pérez Maldonado sería restituida en el cargo de magistrada.
Como respuesta a dicho mandamiento, el área jurídica del Poder Judicial del Estado le informó a la juez de Distrito que dicha audiencia ya había sido programada, pero para el día 10 de agosto, con lo que era notorio que estaban incumpliendo el ordenamiento de la instancia federal.
La juez de Distrito hizo notar que la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz “no dio cabal cumplimiento a lo ordenado, ni justificó con pruebas idóneas exhibidas al efecto el motivo por el cual se señaló hasta el mes de agosto para llevar a cabo la sesión”.
Por tal razón, se calificó la actitud de la magistrada veracruzana como “un retraso a través de evasivas para dar cumplimiento al fallo protector” y se le dio a conocer que se le impone una multa a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, consistente en cien unidades de medida y actualización equivalentes a 10 mil 374 pesos.
Además, se ordenó nuevamente a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre que, dentro del plazo de dos días hábiles, “celebre la sesión en la que la quejosa Gladys de Lourdes Pérez Maldonado sea restituida en el cargo de magistrada, prevenida”.
Se le advirtió también que, en caso de no dar cumplimiento a lo requerido en el plazo indicado, “le será impuesta una multa equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 258 de la Ley de Amparo; además de que el presente expediente será remitido al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.
Está claro que hay una consigna en los gobiernos de Morena para retar y poner a prueba la resistencia de los juzgadores del ámbito federal.
El ejemplo lo dio el mismo presidente López Obrador, la mañana de este jueves, cuando respondió al tema de la juez Angélica Sánchez Hernández que, se limitó a insistir en que se reforme la Constitución para que los jueces y ministros sean elegidos de manera directa y en tacharlo de corruptos.
Eso explica la actitud del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, contra los juzgadores federales.
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Epílogo.
Y para quienes aseguran que “las cifras muestran una mejoría en la incidencia de delitos de alto impacto”, que se enteren que este jueves por la mañana fueron localizados dos cuerpos sin vida, con señas de haber sido torturados, maniatados y envueltos en cobijas, en un paraje ubicado entre la localidad Cañadas y la cabecera municipal de Martínez de la Torre. *** Mientras tanto en Álamo, en el norte de la entidad, las autoridades ya encontraron a quién echarle la culpa de la ola de violencia que se ha vivido en todo este año. *** Medio centenar de elementos de la Policía Municipal, así como su director Delfino Martínez de la Cruz (quien asumió el cargo hace apenas 4 meses, cuando ya las ejecuciones se habían presentado) fueron concentrados a Xalapa, donde les harán exámenes de control y confianza. *** Mientras tanto, la policía estatal y el Ejército brindarán los servicios de seguridad en la zona.
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