Juan David Castilla / Xalapa, Ver. La Red Unidos por los Derechos Humanos denunció que se cumplieron dos años de impunidad en el asesinato de dos menores por parte de elementos de la Fuerza Civil en el municipio de Amatlán de los Reyes, ubicado en la región de las Altas Montañas de Veracruz.
El 2 de julio de 2021, a Eduardo y Jonathan los alcanzaron las balas de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entre un enfrentamiento armado en la localidad La Patrona, según la versión oficial.
«Hace ya dos años que las balas asesinas de los miembros de la Fuerza Civil de la SSP arrebataron la vida a los menores Eduardo y Jonathan de la localidad de la Patrona en Amatlán de los Reyes y hasta el día de hoy la Fiscalía General del Estado, protege con su omisión y negligencia a los perpetradores de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz», señalaron los activistas.
Sostuvieron que, desde el primer día, la investigación estuvo plagada de irregularidades, de ilegalidad, y omisiones que vulneraron los derechos de las víctimas y de sus familias. Se ha acreditado en la carpeta de Investigación, integrada por la Unidad de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado, con sede en Córdoba, que el evento no fue una balacera, sino un ataque directo en contra de los menores que se encontraban en el patio de la casa de un familiar.
Después de haber privado de la vida a los menores, de apenas 13 y 15 años, los elementos de la Secretaria de Seguridad Publica amenazaron a las personas de la casa, los hicieron tirarse al piso, los torturaron y amedrentaron, mientras tanto modificaron la escena de su cobarde crimen, sembraron supuestos indicios y cambiaron placas a los vehículos de la casa que lavaban los menores.
«Denunciamos que la Fiscalía General del Estado es cómplice de la impunidad y responsable de las omisiones dolosas para hacer justicia a las familias de los menores y al pueblo de Amatlán, pues tiene suficientes datos de investigación y elementos de prueba para solicitar a un juez de control libre la orden de aprehensión en contra de los responsables», enfatizaron.
Reiteraron que, desde hace dos años, se ha acreditado que no fueron balas perdidas las que privaron de la vida a Eduardo y Jonathan, sino balas dirigidas contra los menores que recibieron los impactos apenas a unos metros de distancia, donde no hubo justificación para el uso de las armas en contra de “dos niños indefensos”.
«Exigimos al gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) que cumpla su palabra, pues en declaración de noviembre de 2021 mencionó que se haría justicia a los menores, en lo que señaló ‘un daño colateral’ (al mismo estilo Felipe Calderón)».
En esa ocasión, el mandatario estatal aseguró que la Fiscalía investigaría el hecho y se llevaría a los responsables ante la justicia; sin embargo, después de dos años del cobarde homicidio, las autoridades no han dado resultados favorables.
«Hacemos un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las organizaciones civiles de defensoras y defensores de derechos humanos a que se pronuncien, se organicen y brinden su apoyo a las familias de Amatlán, en esta exigencia de justicia y verdad. A las familias de Eduardo y Jonathan les enviamos un abrazo fraterno y refrendamos nuestra solidaridad y apoyo para seguir exigiendo justicia, verdad y garantías de no repetición», refirieron los activistas.
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