Juan David Castilla / Xalapa, Ver. Elisa María Zaldívar Barcelata estuvo presa seis meses en el Centro de Readaptación Social de Cancún, estado de Quintana Roo, al ser víctima de violencia vicaria. El pasado 1 de mayo obtuvo su libertad y creyó que al fin podría reunirse con sus dos hijos, a quienes no ve desde hace dos años.
Sin embargo, recién recibió una nueva notificación, ahora por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), sobre una nueva carpeta de investigación donde se le imputa por el presunto delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos a sus pequeños.
De acuerdo con el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), en 2021 se contabilizaron 2 mil 865 mujeres víctimas en México, mientras que para 2022 se registraron 7 mil 670 casos, es decir, 167 por ciento más casos.
Elisa fue detenida el pasado 13 de octubre en el estado de Veracruz y trasladada al penal de Cancún, por un delito que le “fabricaron” por las presuntas influencias de su expareja, con quien se disputa la custodia de sus hijos.
Ella denunció que el padre de sus hijos, el médico esteticista Juan Eugenio “N”, está amparado por la violencia institucional y presuntamente por el abuso de autoridad de sus familiares, quienes se desempeñan como servidores públicos en el Poder Judicial y en el Gobierno del Estado de Veracruz.
El señalado como agresor es sobrino de la magistrada Bertha Inés Chávez Méndez y primo de Jorge Alberto Chávez Méndez, quien se ha desempeñado como secretario particular del titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, durante esta administración estatal.
El 13 de octubre, Elisa estaba en Veracruz y pretendía convivir con sus pequeños. Pese a estar dictadas las convivencias por el juez de lo familiar, Juan Eugenio “N” no presentó a los menores en varias ocasiones y levantó una denuncia por corrupción de menores.
Después, el juzgado requirió a Elisa para realizar unas periciales en psicología y revincularse con sus hijos en el Centro de Convivencias de lo Familiar; sin embargo, allí le fue ejecutada una orden de aprehensión por el supuesto delito de corrupción de menores.
«Yo salí por sobreseimiento, es decir, se quedó sin materia de juicio porque no había ninguna prueba en mi contra. Salí bien de Quintana Roo, tuve el apoyo de la gobernadora (María Elena Hermelinda Lezama Espinosa), quien se ha pronunciado mucho en contra de la violencia vicaria, cosa que no pasa en Veracruz», relató.
Teme ser detenida otra vez
Zaldívar Barcelata teme ser detenida de nueva cuenta, tras la notificación que recibió en su domicilio por parte de Wendi Guadalupe Bautista Domínguez, fiscal sexta especializada en la investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres, niñas y niños y trata de personas.
Elisa tenía la restitución de sus menores hijos desde el año pasado, pero su expareja ha hecho todo lo posible para evitar que ella se reencuentre con los pequeños. Además, le han cambiado de juez dos veces en este mes de junio en el Juzgado Décimo de lo Familiar, lo que ha detenido los trámites para concretar el proceso de restitución.
«Él está incurriendo en tráfico de influencias (Juan Eugenio), debido a este tráfico de influencias y los familiares que sabemos que tiene, está procediendo de esta manera y está teniendo el apoyo de autoridades, para seguir haciéndome daño y amedrentándome para que yo siga sin recuperar a mis hijos. Desde el año pasado me ha impedido recuperarlos, pues me amedrenta con denuncias, con demandas, con todo esto, él tratando de impedir que realmente la justicia se lleve a cabo», expresó.
El 15 de junio de este año se integró una carpeta de investigación luego de ser demandada por su expareja tras su presunto incumplimiento en el pago de una pensión alimenticia. Pero ella lleva dos años sin poder laborar y estuvo recluida durante un semestre por un delito que no cometió.
«También por los múltiples gastos que he tenido debido a que mi residencia es en Quintana Roo y he tenido que venir a Veracruz a hacer todos estos planes. Además, estuve recluida seis meses, estoy saliendo y él (su expareja) me está denunciando porque quiere un pago de una pensión, cuando el juez de lo familiar ordenó que él tenía que darme la convivencia con mis hijos, cosa que nunca tuve y además me recluyó, fabricándome el delito de corrupción de menores», añadió.
La mujer señaló que existe una grave violencia contra sus menores hijos porque les han negado el derecho a convivir con su madre. Además, de que Juan Eugenio “N” ha ejercido violencia física, emocional y psicológica.
«Desde el principio las autoridades de Veracruz lo han estado apoyando demasiado, iniciando por el juez décimo de lo familiar, Gustavo González Lazcano, que fue la primera persona que lo apoyó para quitarme a mis hijos y en este momento lo apoya la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer».
Elisa fue citada a la Unidad Integral de Procuración do Justicia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, ubicada en la calle Cuauhtémoc, entre Jiménez Sur y Sol de Verano, en el puerto de Veracruz, donde teme ser detenida otra vez.
La mujer exhortó a las autoridades de Veracruz para que tomen cartas en el asunto y no permitan la violencia vicaria, pues los agresores están siendo “premiados” con impunidad.
«El llamado es a que sigamos poniendo ojo para que esta ley de violencia vicaria sea aprobada y además realmente se capacite a fiscales y jueces para que tengan conocimiento sobre este tipo de conductas», refirió.
Recién se ha hecho polémico el caso de la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández, quien fue detenida por segunda vez, el pasado viernes 16 de junio en la Ciudad de México, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública.
Tanto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han declarado públicamente que se procederá contra los jueces que podrían haber incurrido en corrupción.
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