Solidaridad ante la injusticia

Solidaridad
Tomás Mundo, Pepe Yunes y Ricardo Monreal FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio. 

Desde el púlpito, la Iglesia Católica percibe la creciente ola de abusos de poder en Veracruz. *** En su comunicado dominical, la Arquidiócesis de Xalapa advirtió que no se debe permitir que nadie ni nada pervierta a las instituciones públicas. *** El órgano de difusión de la Iglesia resaltó que las instituciones de todo tipo deben cumplir la naturaleza para la que fueron creadas y no se debe permitir que nada ni nadie las pervierta, es decir, cambiarles su finalidad. *** “Ante la situación que estamos viviendo en México, Veracruz y Xalapa, somos testigos de la amenaza constante de querer cambiar y utilizar las instituciones de toda índole para otros fines que no corresponden a su ser y quehacer”, agrega el comunicado. *** El mensaje de la Iglesia Católica menciona que, para poder colaborar a que cada institución logre y alcance su ser y quehacer, es necesario generar fuentes de trabajo digno y trabajar con una finalidad más allá de satisfacer las propias necesidades físicas. *** “Las personas al trabajar colaboramos con nuestros compatriotas al bien cultural de nuestra nación. Es creando fuentes de trabajo y trabajando cada día, como tendremos el desarrollo integral de todos y para todos”, concluye el comunicado.

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Tomás Mundo es lapidario: “En un estado democrático la juez (Angélica Sánchez Hernández) no debería estar en prisión”.

El especialista nos remite la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Daniel García y Reyes Alpízar contra México, que obliga a todos los jueces del país, a hacer un control de convencionalidad ex officio (esto es, acto en el que la iniciativa parte del órgano administrativo o del tribunal: Que se realiza en virtud de la potestad que les corresponde por derecho), pues “si no lo hacen, pueden incurrir en responsabilidad”.

Una vez más confrontado con el sistema de justicia que maneja a su modo Cuitláhuac García, el senador con licencia Ricardo Monreal, aseguró que Angélica Sánchez Hernández “recobrará su libertad y dignidad”.

Él sabe de lo que habla, pues ya arrancó de las garras de este aparato represor, a seis jóvenes a los que les inventaron el delito de “ultrajes a la autoridad” (ya borrado del Código Penal de Veracruz) y a su propio secretario técnico en el Senado, José Manuel del Río Virgen, a quien acusaban de un homicidio, sin argumento ni prueba válida alguna.

“La justicia es nuestro ideal y nuestro propósito principal. Mi solidaridad con la jueza de Veracruz Angélica Sánchez Hernández”, escribió en sus redes sociales.

No fue el único que levantó la voz para protestar por este nuevo caso de abuso de poder en Veracruz.

Magistrados, jueces y organizaciones civiles emitieron un comunicado para exigir que pare la violencia institucional en contra de Angélica Sánchez, y contra otros integrantes del Poder Judicial de Veracruz.

“Si bien este hecho es particularmente indignante, no hace más que sumarse a una cadena de actos, mensajes y gestos que pueden calificarse como ataques a la independencia judicial, que hemos atestiguado en los últimos meses, desde las manifestaciones en apoyo al presidente de la República, en las que se quemó un muñeco con el rostro de la ministra presidente Norma Piña, hasta las marchas para denunciar la corrupción en el Poder Judicial y en la Suprema Corte, con ataúdes con la imagen de la ministra presidente y del ministro Pérez Dayán incluidos, pasando por la descalificación continua en las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo”, se expresa en el comunicado.

Y hacen notar:

“Es importante recordar que las personas juzgadoras tienen independencia de criterio, por lo que el sentido de sus resoluciones no puede ser una causa que justifique su detención. Esto sería sumamente grave en términos de la independencia de los juzgadores. Por ello ninguna legislación lo permite, ni lo prevé como causal para iniciar un proceso penal”.

Los firmantes de dicho comunicado demandaron: que se respeten los derechos humanos de la jueza, sobre todo su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso; que cese la violencia institucional en contra de la juez y se asegure la integridad de ella y su familia; que se respete el trabajo de todos los miembros de la Judicatura, en el esquema de pesos y contrapesos que prevé el sistema democrático, y que el Poder Ejecutivo federal y los estatales respeten el principio de independencia judicial.

Incluso, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) anunció que da seguimiento al proceso que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) abrió en contra de Angélica Sánchez, por “transgredir la independencia judicial” de la mujer detenida.

La titular de esa Unidad, Jaqueline Sáenz Andujo, confirmó que se promovió un amparo por actos promovidos constitucionalmente, al considerar que existió una detención arbitraria, incomunicación en oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el traslado irregular de la impartidora de justicia hacia el estado de Veracruz

“Nos parece que el caso -además- es una serie de transgresiones a la independencia judicial, al quehacer jurisdiccional, se enmarca en un estado muy hostil contra la función jurisdiccional y que las violaciones se van sumando a la independencia de ella como juez”, argumentó la funcionaria.

Ya ese mismo organismo, en coordinación con asociaciones de personas juzgadoras, había presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de la primera detención arbitraria y tortura que sufrió la juez Angélica Sánchez como represalia por su actividad jurisdiccional.

“La detención es muy grave, porque es en violación a una suspensión que ella tenía vigente, a una orden federal de que no podía ser privada de esa manera de su libertad y, además, es también muy grave porque lo efectúan elementos de la Guardia Nacional que no se identificaron”, explicó Jaqueline Sáenz.

Insisto: alguien tendría que explicarle a Cuitláhuac García que en el 2018 una mayoría de ciudadanos veracruzanos lo eligieron gobernador, no dueño del estado; que su palabra vale tanto como la de cualquier otro, y que, por encima de su voluntad, están las leyes que se crearon para evitar abusos como los que está cometiendo.

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Epílogo. 

El diputado federal veracruzano, Pepe Yunes, dio a conocer su postura respecto al caso de la juzgadora Angélica Sánchez Hernández. En su cuenta de Twitter publicó: “La detención de Angelica Hernández provoca una gran incertidumbre jurídica y confirma el uso político de la procuración de justicia en Veracruz. Si así actúan en contra de quien tiene cargo y visibilidad, ¿qué debe esperar el pueblo desprotegido y sin medios para defenderse?”. *** La periodista Claudia Guerrero Martínez (a quien la Fiscalía de Veracruz le “revivió” un expediente del año pasado y la citó en calidad de inculpada) dio a conocer este fin de semana que el gobernador Cuitláhuac García convocó a una reunión con consejeros del Tribunal Superior de Justicia, con la magistrada presidente, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre y con más de cien jueces “para darles líneas y amenazarlos” sobre lo que les puede suceder si no acatan las órdenes en los procesos judiciales. *** La comunicadora reveló que el encuentro tuvo lugar en un inmueble ubicado en la comunidad La Orduña, del municipio de Coatepec, la tarde del pasado sábado.

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