Con el propósito de limitar las criticas en contra del gobierno de López Obrador y de controlar el gasto de las dependencias, estado y municipios para los medios de comunicación, López Obrador agregó en su Plan B un decreto de reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta reforma dejaba un presupuesto mínimo para publicidad y promoción para dependencias, estados y municipios.
Dependencia, estado o municipio que no limitara esos gastos y se apegara a ese decreto podría incurrir en responsabilidades administrativas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo esa parte del decreto; esa parte del llamado Plan B que afectaba dolosamente a los medios de comunicación. El gobierno federal, después de la sentencia de la SCJN, estaba obligado a publicar la invalidez de esa parte del decreto, pero se resistía.
Finalmente, con fecha de 31 de mayo de 2023, se publicó el “engrose de Sentencia de la SCJN, con los efectos de la declaratoria invalidez del Decreto de reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, notificado al Congreso de la Unión el 31 de mayo de 2023 y cuyos puntos resolutivos fueron notificados previamente para efectos legales el 08-05-2023”. No le quedó de otra a López Obrador que someterse a lo que dicta la Constitución.
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