Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El diputado federal José Yunes Zorrilla no es de esos que se meten en debates estériles, en escándalos mediáticos. Por lo mismo, desde Palacio de Gobierno pusieron especial atención a sus palabras. El legislador les recordó que el uso de recursos públicos para favorecer campañas políticas es un delito grave que puede llevarlos a la cárcel. *** Luego de que actores políticos denunciaran la ilegal irrupción de servidores públicos de Veracruz, en el Estado de México, para apoyar a la candidata de Morena, Delfina Gómez, el legislador veracruzano recordó que el artículo 19 de la Constitución considera el desvío de recursos o programas sociales con fines electorales como un delito grave que puede llevar a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. *** “Una cosa es que alguien ejerza su derecho el fin de semana cuando no está laborando para poder participar políticamente a favor de algún candidato y otra es desviar recursos”, advirtió Yunes Zorrilla. *** Pepe Yunes no pasó por alto que fue Morena, precisamente, el partido que impulsó la modificación constitucional para castigar con cárcel, de manera preventiva oficiosa, a aquellos que cometan delitos electorales. *** Este aviso, además del llamado de alerta desde el Estado de México, provocó que funcionarios de Veracruz, estatales y municipales, “bajaran” de sus redes sociales las evidencias de su participación en aquella campaña.
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¿Alguien podría explicarle que en el 2018 los veracruzanos votaron para hacerlo gobernador, no para convertirlo en el dueño de la entidad?
¿Alguien le puede hacer entender que su palabra no es “ley”, ni él es juez supremo en Veracruz?
Este martes, desde la Ciudad de México (a donde acudió, puntual, a un llamado de su jefe, el presidente) Cuitláhuac García anunció en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que presentó denuncia contra los jueces Cuarto y Quinto de Distrito, del Séptimo Circuito, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna y Mario de la Medina Soto, “por encubrir actos ilegales en la construcción de la Torre Centro en la ciudad de Veracruz”.
No sabe de leyes, pero sus asesores lo convencen de que sabe más que la ministra Piña.
“Lo hacemos ante la FGR no sólo por ser el órgano jurisdiccional, sino también porque es evidente que existe contubernio para solapar redes de corrupción al interior del Poder Judicial con el aval -o indiferencia, que sería igual de grave- de algunos ministros de la Suprema Corte, y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal o con el cómplice consentimiento de ambos”.
No le explicaron que las denuncias se presentan ante la Fiscalía y sólo ante ella.
Admite, además, que ha lanzado amenazas contra los encargados de impartir justicia:
“Desde Veracruz, públicamente hemos dirigido advertencias a las instancias internas del Poder Judicial federal sobre la corrupción -sospechada y fundada- por resoluciones que protegen a delincuentes. Y aunque en una ocasión fuimos escuchados, a partir de la llegada de la Presidenta Ministra de la Suprema Corte la tónica se modificó y ahora no han mostrado siquiera interés alguno en los casos expuestos por la opinión pública y por nosotros mismos”.
No entiende que él no es juez (no tiene la formación ni el perfil) y que, por lo tanto, no puede asegurar que alguien es un “delincuente”. Los que sí saben de eso, los que sí se prepararon para eso, son -precisamente- los jueces.
No ha logrado entender que, ante su evidente incapacidad, a la titular de la Fiscalía de Veracruz se le hace fácil echarles la culpa a los jueces federales, cuando en realidad son los fiscales del fuero común de Veracruz los que son incapaces de sustentar sus imputaciones.
Y para muestra ahí está el caso del exfiscal Jorge Winckler, quien era fiscal del estado cuando Cuitláhuac García asumió el cargo de gobernador.
Un Juez federal (de esos que tanto aborrece el gobernador de Veracruz) ordenó dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado el 31 de julio de 2022 en contra de Jorge Winckler, por su presunta participación en los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas.
El Juez Decimoséptimo de Distrito en Veracruz resolvió que la resolución dictada por un juez local para vincular a proceso al exfiscal “violó sus derechos fundamentales, al no estar debidamente fundada ni motivada”; además, refirió que la resolución “fue incongruente, al no analizar ni tomar en consideración los argumentos de la defensa a través de los cuales pretendieron desacreditar la imputación presentada por la Fiscalía de Veracruz”.
El juez de Distrito ordenó que se “deje insubsistente el auto de vinculación a proceso” y “en su lugar, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita una nueva determinación en forma oral en la que al resolver la situación jurídica del impetrante atienda a las consideraciones precisadas en la presente sentencia, subsanando las violaciones formales antes indicadas”.
Sin entrar al debate sobre si Jorge Winckler es culpable o inocente (lo que tendrán que decidir los tribunales) lo que se ha demostrado hasta este momento fue que la orden de aprehensión en su contra y su vinculación a proceso, fueron consecuencia de una consigna del gobierno estatal, pues los fiscales de Veracruz fueron incapaces de demostrar, sin lugar a dudas, que el exfiscal era culpable de los delitos que le imputan.
Luego de presentar la denuncia contra los jueces de Distrito, Cuitláhuac García explicó a los reporteros que uno de los señalados, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, había “favorecido” a los padres de Marlon Botas, acusado de feminicidio.
El mandatario estatal pasa por alto que no fue el juez de Distrito el que concedió el amparo a los padres de Marlon, sino un Tribunal Colegiado. Lo que sí hizo el juez de Distrito fue reconvenir al juez de control que no acató la sentencia y quien, al reponer la audiencia, culpó a los fiscales de no haber aportado elementos suficientes para vincular a los imputados.
Cada que el gobernador de Veracruz se mete a defender a sus fiscales y sus jueces (los de control bailan al son que les tocan en Palacio de Gobierno), se mete en demasiados líos, pues no entiende ni “jota” de esos temas.
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Epílogo.
La directora de Administración del Poder Judicial del Estado, Joana Marlén Bautista Flores (la única con autorización del gobernador para disponer del recurso de ese Poder “autónomo”) presume como su principal logro, los millonarios ahorros que ha conseguido. *** Apenas en febrero de este año habló de las economías alcanzadas en su gestión: “estamos haciendo un gran equipo, el plan de austeridad lo estamos manejando desde hace tres años, el año pasado se ahorraron 86 millones de pesos y este año tenemos metas muy ambiciosas”. *** Y trazó una ruta del presupuesto: “El gasto corriente disminuirlo, tratar de no tener gastos absurdos, llevar una línea de control con los magistrados y personal administrativo, ejercer las compras menos que se puedan, pero lo más importante es evitar todo tipo de moches y cosas sucias que se realizaba anteriormente que era lo que realmente desfogaba el Poder Judicial”. *** Olvidó la servidora pública mencionar entre sus ahorros “dejar de pagarle al Instituto de Pensiones del Estado (IPE)”. *** La titular de ese organismo de los burócratas de Veracruz, Daniela Griego Ceballos, habló del adeudo que tiene el Poder Judicial: “Hemos insistido, hemos estado comentando el asunto con autoridades de este Poder. Los 42 millones que debe son solamente recargos. No debe deuda, no debe capital, no debe cuotas de aportaciones, pero sí un recargo que se quedó desde la administración anterior”. *** No es tanto. ¿Por qué no cubrirlo con los “ahorros” que han conseguido? *** Deben poner mucha atención en el ayuntamiento de Xalapa, pues hay señales de que se avecina un conflicto que, de no ser atendido a tiempo, podría hacer crisis. *** Trabajadores materialistas denunciaron que el regidor 12, Daniel Fernández Carrión, quien forma parte de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, está favoreciendo, de manera exclusiva y por encima de las normas municipales, a su tío, Ignacio Fernández Morales, quien funge como delegado estatal de la CROC, en el ramo de Volteos. *** Trabajos como el desazolve del río Papas y el acarreo de materiales para la obra pública municipal, se está asignando de manera preferente a este personaje. *** Se podría estar incurriendo en conflicto de intereses.
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