Pretendía la Consejería Jurídica de la Presidencia impedir que el ministro Alberto Pérez Dayán presentara su iniciativa de proyecto para anular la primera parte del Plan B que se refiere a Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Consejería advertía que de desecharse el Plan B se estarían invadiendo las atribuciones del Congreso; consideraba la Consejería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene representación popular, por lo que no es válido que corrija a los diputados que sí la tiene.
¿Qué hicieron los ministros de la SCJN? Pues hicieron un rollito el documento y se lo mandaron a la Consejería, para que lo guardara en un lugar oscuro.
De modo que en unas horas se conocerá el resultado de la discusión, se sabrá si la SCJN considera válido o inválido el Plan B del presidente López Obrador. De considerarse inválido será un duro golpe para este gobierno tirano.
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