Durante muchos años se ha pregonado en México que existe una equilibrada división de poderes: el Poder Ejecutivo no puede ser más que el Poder Legislativo ni que del Poder Judicial. Sim embargo, acorralado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente López Obrador se atreve a considerar que el poder Judicial es menos que el Legislativo, pues el legislativo no fue escogido por el pueblo. Desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) advirtieron a los ministros de la SCJN que ellos son un Poder «sin legitimación popular», por lo que, de invalidar el Plan B aprobado en el Congreso, estarían violando «el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos».
Desde su posición de Consejería Jurídica de la Presidencia señalan: «Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia».
No entiende el presidente López Obrador que, la división de poderes en un Estado se justifica esencialmente para eso, para evitar que el Ejecutivo en colusión con el Legislativo, cometan atrocidades constitucionales a su favor. El día lunes 8 de mayo la SCJN discutirá la primera parte del Plan B y parece inminente que lo echarán abajo.
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