Juan David Castilla / Organizaciones ambientalistas exigieron a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que no autorice la obra denominada “Gasoducto Extensión Sureste Etapa II” en el Golfo de México, pues generaría impactos negativos en la zona arrecifal de la costa veracruzana.
Los defensores del territorio señalaron que éste constituye, conjuntamente con el proyecto “Gasoducto Extensión Sureste Etapa I”, un solo megaproyecto que indebidamente fue fragmentado para su evaluación en materia de impacto ambiental.
Consideraron que lo anterior resulta contrario a lo ordenado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A su juicio, esta mala práctica de las autoridades y personas promoventes violenta el derecho al medio ambiente sano, toda vez que esconde los verdaderos riesgos e impactos ambientales.
Los artículos 28, 30, 34 y 35 de la LGEEPA, establecen que es “la obra o actividad” de que se trate y no sus partes, sus tramos o sus segmentos lo que debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental.
“El proyecto fue presentado de forma fragmentada para su evaluación en materia de impacto ambiental por parte de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V, contrario a lo ordenado en la Ley y los estándares resueltos por la Suprema Corte de Justicia en el caso relativo a la ampliación del Puerto de Veracruz”, se lee en el pronunciamiento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En agosto del 2022, organizaciones de la sociedad civil habían solicitado públicamente a la ASEA desechar los proyectos mencionados; solicitar al promovente -Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V- presentar una sola Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de tal forma que se evalúen todas las partes del proyecto y su impacto acumulativo; y garantizar una consulta pública bajo los estándares del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Anteriormente, en febrero del 2022, la Primera Sala de la SCJN emitió una sentencia relacionada con el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, en la cual se establece que los proyectos sometidos deben ser evaluados de forma integral, no fragmentada y utilizando la mejor ciencia disponible.
“La manera en que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) está siendo operado por la Semarnat y la ASEA debe cambiar y ajustarse a lo establecido por la Suprema Corte y en el Acuerdo de Escazú”, indican.
Reiteraron que el proyecto representa una grave amenaza contra el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASOGM), debido al grave riesgo de daño socioambiental que representa para los ecosistemas y la biodiversidad que se extienden a lo largo de la costa veracruzana, así como para los beneficios ambientales que prestan.
“La conservación y protección del CASOGM es indispensable para el bienestar de las personas y comunidades costeras y de pescadores. Los proyectos de vida de estas personas y comunidades dependen de este enorme ecosistema, por lo que resulta esencial protegerlo de megaobras de infraestructura y desarrollo que lo amenazan”, enfatizan.
Los ambientalistas hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que se incorporen los estándares establecidos en la sentencia de la Suprema Corte y el Acuerdo de Escazú en la LGEEPA, pues el modelo actual del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental está agotado.
El pronunciamiento fue firmado por las organizaciones Cemda, Senderos y Encuentros para Desarrollos Autónomos Sustentables (Sendas), Gente Sustentable, Conexiones Climáticas, Acción Ecológica Santo Tomás, Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) e INANA.
Cabe recordar que hace unos días el Cemda también exigió a la autoridad judicial que no permita la ejecución de las autorizaciones de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar el puerto de Veracruz y convertirlo en uno de los más grandes en Latinoamérica.
La Semarnat otorgó una nueva autorización de impacto ambiental el 30 de diciembre de 2022, fragmentando nuevamente el proyecto, y sin evaluar impactos sinérgicos y acumulativos como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invisibilizando así nuevamente los riesgos que implica el megaproyecto.
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