Miles de familias veracruzanas afectadas por créditos de nómina; “nomineras” operan sin regulación

Financieras
En el estado de Veracruz han sido constantes las quejas contra financieras por casos severos de sobrendeudamiento FOTO: JUAN DAVID CASTILLA
- en Carrusel, Estatales

Juan David Castilla / Xalapa, Ver. En el estado de Veracruz han sido constantes las quejas contra financieras por casos severos de sobrendeudamiento.

El problema ha sido denunciado principalmente por docentes de la entidad, tanto del sistema estatal como federal, quienes han contratado varios créditos.

Sin embargo, a la hora de hacerles los descuentos vía nómina, se quedan prácticamente sin dinero para cubrir sus necesidades básicas. Se trata de créditos de nómina que afectan a miles de familias veracruzanas.

Los trabajadores al servicio del estado tienen sus nóminas “secuestradas” por sociedades financieras de objeto múltiple, también conocidas como nomineras, las cuales han logrado convenios con instituciones públicas para hacer descuentos automáticos a los empleados.

Teresa Carbajal, represente legal del Barzón Resistencia Civil en el Estado de Veracruz, ha dado a conocer que los trabajadores padecen tasas de interés elevadas, constantes reestructuras y cláusulas abusivas, engañosas e ilegales en algunos casos.

A su juicio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no representa ningún tipo de ente regulador contra las instituciones crediticias que abusan de trabajadores al servicio de la educación, de la salud y hasta de jubilados o pensionados.

Los “nomineras” han asegurado que no cometen abusos contra los usuarios; sin embargo, las quejas son constantes por las elevadas tasas de interés.

«Ha habido intentos para frenar las cobranzas ilegítimas en Veracruz; sin embargo, también han existido criterios de la autoridad judicial donde se facilita la cobranza judicial a las nomineras», indica.

Enfatizó que hay más posibilidades para una financiera de cobrar la cantidad que quiera y menos posibilidades de defensa para los usuarios.

El año pasado hubo un intento en la Cámara de Diputados federales de legislar sobre este tema; sin embargo, hasta el momento, ha quedado estancado.

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