Atender recomendaciones

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Atender recomendaciones FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio.

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, resaltó en el escenario político estatal de manera circunstancial. *** A los “estrategas” del gobernador Cuitláhuac García se les “ocurrió” que podría ser un “buen instrumento” para golpear políticamente a una de las “corcholatas”, el senador Ricardo Monreal. *** Sin embargo, en el palacio de la avenida Enríquez, de Xalapa, sobreestimaron las “habilidades” de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno estatal quedó exhibido, no sólo por su torpeza en la operación política, sino por su inclinación a politizar el aparato de justicia. *** Luego de que fuera detenido con lujo de violencia y de pasar varios meses en prisión, Del Río Virgen obtuvo la protección de la justicia federal y recuperó su libertad: insistió en que el gobierno de Cuitláhuac García lo utilizó con fines políticos, y se reintegró a sus labores en la Ciudad de México. *** Desde entonces, Del Río Virgen ha regresado muy pocas veces al estado, y lo hace manejando un bajo perfil. Quienes lo conocen admiten que el funcionario del senado tiene miedo de que el gobierno estatal vuelva a actuar en su contra y, por lo tanto, prometió a su familia no hacer nada que facilite ese escenario. *** Para alimentar esa amenaza, el propio gobernador ha señalado desde su mini-púlpito, que el caso de Del Río Virgen “sigue abierto”, por lo que el secretario técnico del Senado ha preferido guardar “prudente distancia”. *** Muchos vieron esa decisión con pesar, pues encontraban en Del Río la “figura ideal” para representar a su partido (Movimiento Ciudadano) en la contienda del 2024. Su calidad de “víctima” lo convertía en el candidato idóneo. *** No será así. Dante Delgado, el dirigente de MC, entiende que no puede obligar a su amigo a arriesgar su libertad y ha optado por empujar una figura local que ya en varias ocasiones ha metido en predicamentos a la administración de Cuitláhuac García. *** Poco a poco va creciendo la imagen del coordinador estatal de ese partido, Sergio Gil, quien está listo para convertirse en la “bajara” de su jefe al momento de sentarse con otras organizaciones opositoras.

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Si no fuera porque se trata de la integridad física de seres humanos, sonaría “curioso” que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, llame a los pobladores de esta entidad a “seguir las recomendaciones”.

Este fin de semana el mandatario estatal les sugirió a los veracruzanos que, en caso de salir de vacaciones atender puntualmente las siguientes recomendaciones: “si toma, no maneje; si toma, no nade, y modere su velocidad en carretera”.

Lo curioso de este llamado del gobernador, es que él mismo no pregona con el ejemplo. Él no gusta de admitir las recomendaciones, y menos cuando se trata de señalar los excesos en los que incurren las corporaciones policiacas de Veracruz.

Y lo más curioso del caso, es que el propio Cuitláhuac García, en sus tiempos de activista fue víctima de esos abusos que hoy son señalados por organismos autónomos y que él se niega a admitir.

La policía estatal (Seguridad Pública y la Fuerza Civil), lo mismo que la Policía Ministerial, se han ganado durante los últimos cinco años la lastimosa fama de operar como los “brazos ejecutores” de una estrategia de represión contra actores y organizaciones políticas.

Los casos de tortura, abuso de autoridad y uso indebido de la fuerza, por parte de estos cuerpos policiacos, han sido documentados puntualmente por las comisiones, estatal y federal, de los derechos humanos, pero eso al gobernador no le ha importado, y con la falsa premisa de que él “vela por los derechos de las víctimas”, desatiende puntuales observaciones sobre el desempeño de sus policías.

Pasa por alto que, al momento de ser objeto de abusos, los imputados son convertidos, por la propia policía, en “víctimas”, sólo que de ellas no se ocupa el gobernador.

La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, se encuentra metida en un brete pues, aunque ha procurado mantener una buena relación institucional, tanto con el gobernador como con la titular de la fiscalía estatal, Verónica Hernández, la renuencia de esos dos servidores públicos a acatar las recomendaciones, las están orillando a tomar medidas más drásticas, todas ellas apegadas a la ley.

Tanto a nivel estatal como nacional las leyes sobre las comisiones de los derechos humanos otorgan facultades a sus titulares para solicitar al Poder Legislativo que haga comparecer a los servidores públicos que se hayan negado a acatar una recomendación.

Ese es el caso, pues entre 2022 y 2023 suman ya ocho las recomendaciones emitidas por la CEDH que han sido rechazadas. Frente al riesgo de incurrir en ilegalidades por omisión, Namiko Matzumoto deberá solicitar la comparecencia del gobernador y la titular de la fiscalía y ya está anticipando que, bajo cualquier argumento, se nieguen a concedérselo.

En caso de que así suceda, la titular de la CEDH apunta que serán las víctimas señaladas en dichas recomendaciones, las que estén en posibilidades de recurrir a la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) para que sea desde la instancia federal que se cite a los servidores públicos.

ha señalado que en caso de que la CEDH lo solicite al Congreso del Estado, pero no se llame a comparecer a la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, las víctimas indirectas pueden impugnar la determinación y llevar los casos al plano federal, es decir, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Suena a una manera “sutil” de lavarse las manos y aventar el paquete a la CNDH y, en consecuencia, al Senado de la República, donde el presidente de la Junta de Coordinación Política no tiene el menor inconveniente en acumular los casos de la comisión estatal a los que ya revisan de la nacional.

No hay forma jurídica alguna en la que, frente a tantos casos documentados de violaciones a la ley, no resulten consecuencias en contra del gobernador y de la titular de la Fiscalía.

Lo más grave es que de este escenario no se puede culpar a la oposición, o a “los conservadores”, sino a organismos autónomos a los que los propios gobiernos de Morena les han dado reconocimiento.

¿Será que ya se dieron el tiro en el pie, y no se han percatado?

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Epílogo.

El gobierno de Veracruz no ha concluido la “investigación” que prometió el gobernador sobre el caso de aquella humilde, pero bastante afortunada empleada de la Secretaría de Educación, Araly Rodríguez Vez, quien facturó -siguiendo el ejemplo de Shakira- más de cien millones de pesos, a diversas oficinas del gobierno estatal. *** Y mientras encuentra una explicación medianamente creíble sobre ese tema, podría también poner sus ojos en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa). *** Resulta que la Subdirección de Regulación e Inocuidad Pecuaria está convocando a parte de su personal (88 inspectores de ganadería) a un curso denominado “Inspección Sanitaria de Productos/Materiales Agroalimentarios Movilizados” que, dicen, tiene como fin desarrollar capacidades de las personas que se desempeñan en las inspecciones. *** No es un tema cualquiera. Dicho curso es fundamental con miras a la próxima visita binacional que tendrá el estado de Veracruz en materia de certificación en sanidad y movilización animal. No olvidemos que dese hace más de 20 años no se ha podido acreditar a la zona “B” del estado (la que comprende desde la Cuenca del Papaloapan hacia el sur de la entidad) para la exportación de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos, e incluso existe riesgo de que se pierda la acreditación de la zona “A” (el norte) que sí tiene permitida la exportación de ganado. *** El problema es que dos altos funcionarios de Sedarpa (los médicos veterinarios Humberto Amador Zaragoza y Arturo Enrique Hernández Amaya) han sacado la bandera de la “reducción de gastos” y eliminaron Puntos de Inspección Zoosanitaria. *** Pero no sólo eso: ahora obligan a los 88 Inspectores de Ganadería a que de su sueldo solventen los gastos de viaje, alimentación y hospedaje, para el curso al que fueron convocados. *** Alguien se está llenando las alforjas de dinero ilícito y seguramente el gobernador no lo sabe.

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