Bernardo Gutiérrez Parra / Si es usted un violador contumaz, de esos a los que se les alborota la hormona nomás por el simple hecho de ver a una mujer. Si la lujuria lo descoyunta y siente deseos irrefrenables de poseerla, de preferencia por la fuerza, debe saber que puede ir al bote porque en este país existen leyes que las protegen de animales de su calaña. Pero si la violación ocurre en Veracruz y usted es de Morena, despreocúpese.
Como ignominioso ejemplo de la protección a presuntos violadores, quedarán para la historia los casos de dos funcionarios públicos a los que el gobierno estatal ha cobijado sin pudor ni recato con su manto de impunidad.
Uno es Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal de Sedesol acusado de violar a una mujer. A pesar de que hay una denuncia penal en su contra, la Fiscalía determinó que “no existen pruebas suficientes” para sustentar la responsabilidad del funcionario.
El otro es el regidor sexto en el puerto de Veracruz, Sebastián Cano Rodríguez, señalado hasta en 16 ocasiones de acoso y abuso sexual. Al menos cuatro de esas acusaciones son de carácter penal y están integradas en carpetas de investigación.
Este sujeto ha recibido el apoyo del gobernador quien dijo que las mujeres que lo acusen deben demostrar sus dichos y “no veo denuncias con pruebas”.
¿Qué quiere? ¿Fotos, videos, audios?
Son incontables los señalamientos públicos y judiciales de mujeres que han sido hostigadas, acosadas, perseguidas, humilladas, amenazadas y violadas, como reprobable y hasta abominable el desdén de las autoridades cuando los acusados son funcionarios públicos.
De acuerdo con la Contraloría General del Estado, existen al menos 170 denuncias penales por acoso sexual contra trabajadores de diversas dependencias públicas, pero hasta la fecha no hay ningún detenido. Todos los denunciados andan libres lo que prueba que Veracruz es un paraíso para ellos.
Como es un infierno para los periodistas.
Jorge Celestino Ruiz Vázquez, María Elena Ferral, Julio Valdivia, Jacinto Romero Flores, José Luis Arenas Gamboa, Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, son las siete víctimas mortales de la barbarie contra los periodistas en lo que va de la administración de Cuitláhuac García y que colocan a la entidad como la más peligrosa para ejercer esta profesión.
A estas víctimas hay que agregar a las decenas de comunicadores que han recibido toda clase de amenazas.
Este lunes fue privado de su libertad en Poza Rica, el reportero policiaco Ricardo Villanueva mientras se encontraba en un taller mecánico reparando su motocicleta.
Sujetos armados que bajaron de tres camionetas y gritaron que eran policías ministeriales, lo subieron a empellones a una de las unidades y se lo llevaron con rumbo desconocido.
De acuerdo con testigos, el reportero del medio de comunicación “Presente Veracruz” intentó hablar con alguien desde su celular, pero sus captores se lo arrebataron, lo tomaron de los cabellos y lo subieron a uno de los vehículos.
Sobre el caso el gobernador deslindó a los ministeriales; “no fueron ellos” y agregó: “Va a haber justicia… Que no piensen (los delincuentes) que se van a salir con la suya, vamos a dar con ellos”.
Como puede apreciarse, las palabras del gobernador son las mismas que ha repetido anteriormente hasta en siete ocasiones. Y con ligeros matices, son las que dijeron en su momento Javier Duarte y Yunes Linares.
Lo cierto lector es que los periodistas son el gremio más desprotegido en Veracruz y en contrapunto, los violadores y acosadores sexuales son los más salvaguardados sobre todo si son de Morena.
Ambos hechos son incontrovertibles y no pueden ser rebatidos por Cuitláhuac García porque están documentados y a la vista. Tan visibles como su inoperancia para gobernar la entidad.
PD. Nos leemos el próximo lunes 10 de abril.
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