El riesgo de los periodistas

Periodistas
Verónica Hernández Giadáns y Ricardo Villanueva FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio. 

En el gobierno de Veracruz, donde juran que no existen presos políticos, con singular frecuencia se refieren a quien fuera secretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, el perredista Rogelio Franco Castán. *** Este martes se dio a conocer que un Juzgado de Distrito dejó sin efectos el auto de prisión preventiva dictado contra en su contra, por los delitos de peculado equiparado y ejercicio indebido del servicio público. *** El Juez Primero de Distrito, Fermín Santiago, determinó revertir la medida cautelar de prisión preventiva de un año contra Rogelio Franco. *** Además de dejar insubsistente la prisión preventiva dictada el 15 de octubre de 2022, el Juez Primero de Distrito instruyó al Juez de Control emitir una nueva medida cautelar, diferente a la prisión preventiva. *** El juzgador federal advirtió que la medida cautelar solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) “resultó innecesaria”, toda vez que la defensa de Rogelio “N” demostró el arraigo del quejoso en un domicilio de Xalapa. *** También determinó que el juez de Control debió desestimar el argumento del fiscal en el sentido de que existe peligro de que Rogelio Franco obstaculice el desarrollo de la investigación bajo el supuesto de que recupere su libertad. *** Apenas el pasado 30 de enero, Rogelio Franco logró echar abajo el proceso 248/21 por los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia y extorsión. *** La única imputación que lo mantiene en prisión, es la denuncia de quien fuera su esposa, por violencia familiar, para la que ya había conseguido una suspensión, en el momento en que fue detenido. *** La liberación de Rogelio Franco, ejemplo del autoritarismo y la prepotencia de este gobierno, está muy cerca.

* * * 

El reportero Ricardo Villanueva fue privado de la libertad por hombres armados en Poza Rica, la tarde del lunes, cuando se encontraba en un taller mecánico, en la colonia Lázaro Cárdenas de Poza Rica, haciendo composturas a su motocicleta.

Cerca de las 6 de la tarde varios sujetos armados, que se presentaron como policías ministeriales, se lo llevaron por la fuerza.

De acuerdo con lo narrado por Jesús Villanueva, director del medio de comunicación “Presente Veracruz”, al momento en que su hermano Richard Villa fue privado de la libertad, sujetos en tres camionetas se identificaron como parte de la Policía Ministerial. El reportero intentó transmitir desde su celular lo que le sucedía, pero los mismos sujetos le arrebataron el aparato y, tomándolo de los cabellos, lo subieron por la fuerza a uno de sus vehículos.

Desde entonces nada se sabe de él.

El gobernador, Cuitláhuac García, ya aclaró que quienes se lo llevaron no eran policías ministeriales.

¿Cómo lo sabe él?

Porque le preguntó a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, y ella le dijo que no habían sido “sus muchachos”.

Pero, bueno: esto fue dicho por el gobernador de Veracruz, el mismo que apenas el año pasado les aseguró a los reporteros que la joven Viridiana Moreno no estaba desaparecida, sino “resguardada” y días más tarde su cuerpo desmembrado fue encontrado en un lote baldío.

El gobernador informó que desde el mismo lunes se inició la búsqueda del periodista, aunque aprovechó para “deslizar” que un medio hermano de Richard Villa está actualmente detenido por “asuntos que tienen que ver con el secuestro”.

Claro que, de inmediato, aclaró que ese “detalle” no influirá de ninguna manera en las labores de búsqueda:

“Va a haber justicia, independientemente de lo que haya sucedido con el medio hermano del periodista, que en este momento está detenido por otros asuntos que tienen que ver con el secuestro, pero vamos a analizar también esta situación”.

Hasta el año pasado, Veracruz ocupaba el nada honroso título de “la entidad más peligrosa para los periodistas”, con siete asesinatos en lo que va de la actual administración.

Jorge Celestino Ruiz Vázquez (El Gráfico de Xalapa), María Elena Ferral (Diario de Xalapa y Quinto Poder), Julio Valdivia (El Mundo de Córdoba) y Jacinto Romero Flores (Ori Stereo) se registraron entre el año 2019 y el 2020.

José Luis Arenas Gamboa (Inforegio network), Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García (ambas de El Veraz) fueron asesinados en el 2022.

El gobernador, valiente como es su papel y arropado por un aparatoso contingente de seguridad, salió a darles la cara a los responsables del “levantón” de Richard Villanueva y les advirtió:

“Que no piensen que se van a salir con la suya, vamos a dar con ellos”.

De manera automática, esas palabras me remiten a unas similares, pronunciadas por su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, luego del cobarde asesinato del comandante de la Policía Federal, Juan Camilo Castagné:

“Son actos cobardes, llenos de vileza, que nos dan una idea de a lo que nos estamos enfrentando. No nos estamos enfrentando a seres humanos, nos estamos enfrentando a bestias, a cobardes, a viles, a personas que son capaces de asesinar a niños con tal de tener secuestrados a los veracruzanos. No vamos a permitir que impongan su ley de la violencia en Veracruz (…) Veracruz no será rehén de estos animales. Los veracruzanos vamos a lograr vivir en paz, a costa de lo que sea. Aquí está el Gobernador y aquí vamos a seguir”.

La violencia y la impunidad -por cierto- continuaron presentes en el bienio de Yunes Linares, y en los casi cinco años que lleva ya este gobierno.

* * * 

Epílogo. 

Un nuevo caso de venta fraudulenta de plazas en Veracruz. El secretario general del Sindicato Democrático de Empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Omar Mora del Moral, informó que su “perfil” fue robado para vender plazas, por lo que presentó una denuncia ante la FGE por el delito de usurpación de identidad. *** La carpeta de investigación 1053/2023 menciona que utilizando su nombre, personas ajenas al Poder Judicial del Estado ofrecían plazas hasta en 200 mil pesos. *** Las personas defraudadas señalan a una persona que se identificó como “Roberto Saldaña Viveros” y que utilizaba un teléfono con el perfil del líder sindical para cometer los fraudes. *** Hasta el momento han aparecido cinco personas que fueron víctimas de esa persona. A todos ellos les dijeron que el proceso “llevaba tiempo” y les solicitaron sus documentos personales y su currículum. Inicialmente desembolsaron 100 mil pesos cada uno. *** En virtud de la suspensión laboral que se registra en estas fechas, esta columna volverá a aparecer el próximo lunes 10 de abril. Gracias por su comprensión.

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