Protestan en Casa de la Cultura Jurídica en defensa del INE; “Plan B” es inconstitucional, insisten

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Integrantes de diversas organizaciones civiles protestaron en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en esta ciudad de Xalapa, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) FOTO: JUAN DAVID CASTILLA
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Juan David Castilla / Xalapa, Ver. Integrantes de diversas organizaciones civiles protestaron en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en esta ciudad de Xalapa, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las personas se plantaron afuera del edificio que se encuentra sobre la avenida Lázaro Cárdenas, frente al Palacio Legislativo.

De acuerdo con Ignacio Guadarrama Ramírez, del Frente Nacional por la Familia (FNF), se solicita a las ministras y ministros del máximo tribunal que se declare inconstitucional el denominado “Plan B” relativo a la reforma electoral.

Externó su respaldo en la toma de decisiones relacionadas con las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra del “Plan B”, que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de los Medios de Impugnación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Dijo confiar en que después de realizar un estudio exhaustivo de las acciones de inconstitucionalidad, procederán a favor de los derechos constitucionales de la ciudadanía mexicana.

Guadarrama Ramírez consideró que el “Plan B” es un atentado en contra de las libertades, la democracia y del bien común de todos los mexicanos.

«Por lo que consideramos que es un buen momento para reflexionar sobre los cuatro años de este sexenio en los que se han violado los derechos humanos de todos los grupos sociales», expresó.

Exhortó a las ministras y ministros que decidan por unanimidad y que su voto vaya encaminado a la defensa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así se declare inconstitucional el «Plan B», toda vez que esta propuesta va en detrimento de la democracia y de las libertades fundamentales de los mexicanos.

Ignacio Guadarrama señaló que algunas de las políticas públicas y sus consecuencias impuestas por el gobierno federal actual que han mermado los derechos fundamentales son: el encarecimiento y desbasto de los combustibles, desabasto de medicamentos y mal manejo de la pandemia de Covid-19, mayor endeudamiento y permisividad con las bandas de narcotraficantes y el consecuente incremento de la inseguridad y violencia.

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