Una de las perversas maniobras del famoso Plan B está en disminuir el presupuesto para Comunicación Social de estados y municipios. En tal caso, incurre en responsabilidad administrativa aquel funcionario que gaste más del 0,01 por ciento de su presupuesto federal en difusión oficial. Esto en primer lugar le pega al derecho que tiene el ciudadano a ser informado. Por supuesto, el golpe va directo contra los medios informativos locales contratados por el ente público, muchos de los cuales no pueden ser controlados por la propia Presidencia. Cero promoción, cero convenios publicitarios, pero por otro lado, el Plan B contempla «que las manifestaciones de los servidores públicos no constituyen propaganda gubernamental sino un legítimo ejercicio de su libertad de expresión».
Es decir, los servidores públicos, incluyendo al presidente, podrán manifestarse a favor de sus candidatos, incluso pueden usar su libertad de expresión para atacar a los contrincantes. Teniendo Morena el control de 22 de los 32 estados de la República, ya se podrá imaginar hacia donde se inclinará la balanza.
Una buena noticia es que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó contra la primera parte del Plan B, particularmente en lo que corresponde a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa parte del Plan B ya fue suspendida en el Estado de México y Coahuila, donde pronto habrá elecciones, por lo que se espera que la SCJN la eche abajo.
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