Juan David Castilla / Xalapa, Ver. Líderes del Partido Revolución Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigen al Gobierno de Veracruz aclarar la presunta operación de empresas fantasmas que han obtenido contratos millonarios con prestanombres que son empleados de dependencias estatales.
Recién salió a la luz pública el caso de Araly Rodríguez Vez, quien cubría un interinato en la Secretaría de Educación de Veracruz y obtuvo contratos en varias instituciones por más de 100 millones de pesos.
Mediante solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, se constató que Araly está registrada en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en la Secretaría de Salud (Sesver), así como en el Instituto Tecnológico Superior de Perote, del Poder Judicial del Estado de Veracruz y de Ayuntamientos como Perote y Emiliano Zapata.
«Se trata de contratos por adjudicaciones directas, ¿quiénes están ayudando a este tipo de prestanombres, quiénes se están beneficiando con estos contratos millonarios?» cuestionó el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín.
De igual forma, el dirigente estatal perredista, Sergio Cadena Martínez, dijo que es imposible que una “modesta” trabajadora de la SEV pueda ganar tan rápido contratos millonarios y, por ende, exigió al gobierno estatal una investigación al respecto, pues opinó que esto podría ser “producto de la corrupción”.
A este reclamo se sumó el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, quien manifestó la importancia de realizar una investigación profunda para aclarar la situación de la burócrata, pues ya se sabe que su domicilio fiscal “es una tiendita” en la colonia Higueras de esta capital.
El reclamo de los tres líderes políticos coincide con datos que tiene la plataforma Nacional de Transparencia, donde se pueden visualizar 116 registros de información pública con altas en el Padrón de Proveedores, así como contratos obtenidos a través de adjudicaciones directas.
La mujer señalada presuntamente vendía al gobierno, desde tintas de impresora hasta insumos y equipamiento para atender la contingencia sanitaria por Sars-Cov2 (Covid-19).
Araly da su versión
La burócrata dio a conocer su versión sobre los señalamientos en su contra e indicó que su incursión en la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz se da a partir de enero de 2022, información que se encuentra en la base de datos de dicha dependencia, toda vez que después del fallecimiento de su esposo, en noviembre de 2020, y tras un año de pandemia, se dio su primer interinato sobre la plaza.
«Es importante que cuando se da a conocer una información en medios y como parte de una revancha política no se vean afectados los intereses de nosotros los ciudadanos y nuestras familias, por ello expongo que me encuentro dada de alta desde el ejercicio 2003 bajo el régimen de sueldos, posteriormente en 2014 realizo un cambio de régimen: Actividad empresarial la cual sigue vigente hasta la fecha sin tener ningún señalamiento de alguna autoridad competente», indicó en un comunicado.
Señaló que en el domicilio fiscal se encuentra un consorcio de empresas de diversas áreas entre las cuales destacan la construcción, la comercialización de bienes de diversa índole y la venta de desechos industriales, empresas que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Añadió que su número, dentro del padrón de proveedores del estado fue legalmente emitido por la Sefiplan desde el año 2019 al haber cumplido estrictamente con todos y cada uno de los requisitos y documentos que el gobierno del estado exige a todas las empresas proveedoras.
«En las Secretarías donde hemos tenido algún contrato, jamás hemos incurrido en ningún tipo de irregularidad, cumpliendo estrictamente con la entrega oportuna de los bienes contratados y con los estándares de calidad requeridos», enfatizó Araly.
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