Juan David Castilla / Pobladores de distintas zonas del estado de Veracruz promoverán más amparos contra proyectos de minería a cielo abierto al considerar que representan un atentado contra la naturaleza y las comunidades.
El integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Guillermo Rodríguez Curiel, celebró que pobladores de Actopan y Alto Lucero recién lograran la suspensión definitiva de todo el distrito minero, que comprende 24 concesiones en dichos municipios de la zona costera central de la entidad.
“El Tribunal Superior de Justicia tuvo a bien decretar la suspensión de estas concesiones. Es una victoria muy importante para ésta y otras generaciones, pues protege los bienes naturales y comunes para todos los seres vivos”, enfatizó.
El activista consideró que esta resolución por parte de la autoridad judicial sentó un precedente de que en Veracruz se defiende la naturaleza y el territorio.
“Por su puesto, otras resistencias, otras comunidades y municipios están en condiciones de ampararse, pues con estas 24 anulaciones se está sentando un precedente de que en Veracruz se defiende la naturaleza y la vida digna”, añadió.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dio a conocer que el pasado 22 de septiembre, un juez federal otorgó la suspensión definitiva a cuatro de dichas concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía, posteriormente, el 28 de diciembre, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz otorgó la suspensión definitiva a las otras 20 concesiones.
La medida implica que no se podrá ejecutar ninguna de las 24 concesiones mineras, es decir, que durante el trámite del juicio las autoridades no podrán expedir autorización alguna y que las empresas deberán abstenerse de realizar cualquier actividad tendiente al proyecto minero.
El amparo fue interpuesto el 25 de agosto del 2022 por habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero, quienes argumentaron que, en el proceso de expedición de los títulos de concesión minera, la autoridad incurrió en la omisión de garantizar sus derechos humanos a la vida digna en su dimensión colectiva, a un medio ambiente sano, al agua y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
Tras este resolutivo, grupos ambientalistas analizan la posibilidad de promover más amparos para detener los proyectos de minería a cielo abierto en la entidad.
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