Juan David Castilla / Decenas de jubilados cantaron “La Rama” a modo de protesta frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia a siete años del violento desalojo que sufrieron el 23 de diciembre de 2015, cuando se manifestaban para exigir el pago del aguinaldo y su pensión.
Los integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) modificaron la letra de la canción para incluir consignas en espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) castigue a los responsables.
“Naranjas y limas, limas y limones, estos jubilados exigen pensiones. Hicieron disculpas pero les precisamos que se nos respete ese derecho humano. Naranjas y limas, limas y limones, la seguridad social necesaria es elemental en la existencia humana”, corearon.
De acuerdo con Rafael Mejía Grajeda, vocal del Copipev, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en 2019 por dicho desalojo violento; sin embargo, el gobierno del estado solo se disculpó públicamente, pero aún no hay castigo a los responsables de la agresión.
Cabe recordar que el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, dio la instrucción al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, para que los jubilados y pensionados que protestaban y cerraban la calle Juan de la Luz Enríquez fueran desalojados mediante el uso de la fuerza.
“Flavino Ríos Alvarado ordenó a un destacamento de policía golpear a los jubilados que exigíamos el pago de nuestro aguinaldo y de nuestra pensión. Hubo una recomendación amplia, precisa, clara, para que se tomaran cartas en el asunto, para que los culpables asumieran las consecuencias, pero no ha habido ninguna respuesta”, increpó.
El entrevistado mencionó que además en 2016 se presentó una denuncia penal contra los integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por el saqueo de más de 7 mil millones de pesos de la Reserva Técnica.
Sin embargo, destacó que aún no se ha procedido contra los presuntos responsables de dicho desfalco financiero que ha entorpecido el funcionamiento del IPE.
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