Antes de que el corten las uñas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se alista para acotar la actividad político comicial de los servidores públicos del país, con énfasis en aspirantes a un cargo de representación popular. Y es que la cargada contra el INE está a todo lo que da. En un lineamiento que será votado hoy, se advierte que los infractores podrían incluso perder el derecho a ser candidatos. A su vez, se señala que las personas que operen programas sociales y “actividades institucionales” no podrán asistir a actos proselitistas en horas hábiles, aun si piden licencia o solicitan que no se les pague el día.
De modo que, los súper delegados de Bienestar tendrán que quedarse con las ganas de involucrarse en actividades electorales. Pero eso no es todo, también los servidores públicos de los diferentes estados tendrán que limitarse, ya que por motivo de las funciones inherentes al cargo, estarían vulnerando los principios de imparcialidad y equidad si difunden mensajes que impliquen su pretensión de ocupar un cargo de elección popular; la intención de obtener el voto; o favorecer o perjudicar a un partido político, coalición, aspirante, precandidatura o candidatura.
De modo que el INE contraataca, o acaso alguien pensó que se quedarían con los brazos cruzados.
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