Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
En este mismo espacio se ha insistido: el gobierno estatal tiene un severo desorden en materia financiera y lo ha tenido que “parchar” mediante la contratación de préstamos de corto plazo. *** Esos créditos -los más caros en el mercado financiero- le han sido concedidos a la administración estatal con la condición de que sean saldados antes del mes de noviembre del 2024, esto es, antes de que concluya la actual administración. *** Precisamente por esa condición, es que en el último tercio del gobierno ya no le será posible al gobierno de Veracruz la contratación de dichos créditos, y para tapar los grandes hoyos que deja el déficit presupuestal, lo más probable es que terminen recurriendo a la tristemente célebre “licuadora”. *** Esta semana se dio a conocer que la Secretaría de Finanzas y Planeación estará obligada informar y transparentar el monto de la deuda pública de manera periódica, tanto montos, como intereses y comisiones. *** La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispuso que todas las entidades del país deberán hacer pública la información que habían mantenido escondida, sobre la deuda y el reporte analítico de la misma. *** Para abrir esos informes, los gobiernos estatales habrán de utilizar indicadores concluyentes, como la deuda respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda respecto a la recaudación, tomando como mínimo un periodo igual o menor a 5 años. *** También deberá hacer pública la información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. *** Otro renglón que ya todos podrán conocer, es el reporte de la recaudación mediante un análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. *** En cuanto a los fideicomisos, se deberá informar por ramo administrativo que los reporta; enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80 por ciento de las disponibilidades. *** En cuanto a las calificaciones crediticias, se deberá Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación. *** Muchos datos delicados saldrán a la luz pública y ya no podrán presumir esa falsa “disciplina financiera”.
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La actitud de Javier Duarte es lógica. Se trata de una persona que tiene cinco años y medio encerrado, por lo que su estado de ánimo -en especial en estas fechas- no debe ser el mejor.
De ser otra su circunstancia, con seguridad entendería que está iniciando un debate estéril, que le está regresando al abogado Rodolfo Reus Medina un protagonismo que ya hace muchos años perdió, y que está volviendo a salir él mismo a los medios, en momentos en los que debe mantener un bajo perfil, para que sus abogados tengan capacidad de operación en su defensa.
En efecto, Rodolfo Reus ha sido en los meses recientes una referencia cotidiana de los medios de comunicación, cuando pretenden actualizar a sus seguidores sobre el avance que llevan los procesos de Javier Duarte y de su exesposa Karime Macías.
Rodolfo Reus, no tuvo, no tiene, ni tendrá participación alguna en esos expedientes y su única vinculación en esos casos es que participó como abogado del exsecretario de Seguridad Pública en gran parte de la administración duartista, Arturo Bermúdez Zurita, quien salió en malos términos con el gobernador allá por agosto del 2016 y, ya en prisión, declaró en contra de su exjefe, aunque más tarde argumentó que lo había hecho bajo tortura.
Rodolfo Reus fue, además, quien grabó -y filtró a los medios de comunicación- una conversación que sostuvo con quien fungía como fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres, charla en la que se hizo evidente que había un acuerdo entre el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y el exsecretario de Seguridad, para acelerar su liberación.
Está claro que Rodolfo Reus no es una fuente confiable para hablar sobre los procesos penales que enfrentan Javier Duarte y Karime Macías. El propio exgobernador lo sabe, y pudo encontrar múltiples formas de hacerle llegar al abogado penalista el mensaje en el que le “sugiriera” que ya no se meta con ellos.
Pero en la actualidad son muchos los que utilizan el nombre de Javier y de Karime para atraer los reflectores. El propio gobernador actual, Cuitláhuac García, ha utilizado esos temas como “cortina de humo” en momentos en los que pretende que algunas pifias de su gobierno sean pasadas por alto.
Y si se puede considerar un despropósito la reacción de Javier Duarte (entendible, insisto, por su condición de encierro), lo es también que el abogado Rodolfo Reus se diga “amenazado” por Javier Duarte y anuncie, desde ya, la presentación de una denuncia penal.
Esa actitud demuestra que el verdadero objetivo del abogado fue, es y seguirá siendo utilizar los nombres de figuras mediáticas para beneficio propio.
Y este “affaire” mediático se da -de manera coincidente, por supuesto- en la víspera de la comparecencia del gobernador ante el Congreso de Veracruz para hacer la glosa de su cuarto informe.
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Epílogo.
En la actual administración estatal tienen la extraña manía de “garantizar” el cumplimiento de sus obligaciones, aunque para ello sólo tengan su -de por sí devaluada- palabra. *** Ya escuchamos en múltiples momentos tanto al gobernador Cuitláhuac García, como al secretario de Educación, decir que el pago del aumento salarial al personal del sector educativo estaba “garantizado” para el día 15 de este mes, sólo porque ellos lo decían. *** Días más tarde aclararon que dicho pago se haría de manera escalonada y que -incluso- a algunos les llegaría ya durante sus vacaciones. *** No hay, pues, tal garantía. Su palabra no es suficiente. *** Otro servidor público que no entiende con claridad esa expresión, es el nuevo secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien advierte que con 6 mil 300 elementos de la corporación a su cargo “la paz pública está garantizada”. *** Si no consiguen esa paz en períodos ordinarios de trabajo, cuando tienen que cuidar a 8 millones de veracruzanos, ¿qué nos garantiza que sí podrán hacerlo con la suma de los turistas que se aventuren a viajar a territorio veracruzano? *** A pesar de que llegó a la alcaldía con las siglas de una alianza partidista en la que se incluía a Morena, lo cierto es que en el gobierno de Veracruz (surgido de Morena) no tienen mucho ánimo de ayudar al exalcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, quien pretende detener las auditorías a su administración, mediante la promoción de amparos. *** No es que el imberbe legislador Rafael Gustavo Fararoni domine el tema de la fiscalización, pero fue a él -en su calidad de presidente de la comisión de Vigilancia- a quien mandaron para aclarar que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) tiene toda la autoridad y los argumentos jurídicos para fiscalizar el procedimiento de entrega-recepción en el ayuntamiento xalapeño. *** se le avecina tormenta al exalcalde.
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