Estas son las consecuencias de una política que privilegia los derechos humanos de los criminales por encima de los ciudadanos, pues los «criminales también son humanos». El presidente López Obrador ha estado en Zacatecas en constantes ocasiones y cada que acude dice que se ha implementado una estrategia de seguridad que implica más presencia del Ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, tal vez por tratarse del estado gobernado por el hermano de Ricardo Monreal, enemigo “virtual” del presidente, el gobierno ha escatimado ese apoyo. Tan es así que varias ciudades de Zacatecas, incluida la capital, están sumidas en el terror a causa de los constantes ataques en contra de la población.
Este fin de semana Zacatecas vivió una de sus peores temporadas. Hace unos días se reportaba el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional. Hace unos días un atentado dejó mal herido al juez Roberto Elías Martínez, quien después de ser ingresado al hospital murió. Este fin de semana se dio un intento de fuga en el Cereso de Cieneguillas.
Señalan las autoridades del estado, para desviar la atención de la fuga hubo narcobloqueos en todas las entradas a la ciudad capital; los delincuentes colocaron autos y los incendiaron, impidiendo la entrada o la salida de la ciudad de Zacatecas. Los habitantes de Zacatecas están desesperados. En una encuesta reciente el 97 por ciento de los pobladores dijo sentirse inseguro de vivir en Zacatecas. Lo dicho, estas son las consecuencias de una política de seguridad absurda: “Abrazos, no balazos”.
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