Juan David Castilla / Veracruz es uno de los tres estados de la República Mexicana cuyas Fiscalías Anticorrupción redujeron en mayor medida su presupuesto.
De acuerdo con la asociación civil Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre 2019 y 2022 las Fiscalías Anticorrupción de Hidalgo (-99%), Veracruz (-94%) y Coahuila (-54%) fueron las que más redujeron su presupuesto.
Señala que la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción carecen de los recursos necesarios para un combate efectivo a la corrupción.
De 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas ante las Fiscalías Anticorrupción locales en 2022, solo 4.3% llegaron ante un juez y 0.2% obtuvieron una sentencia.
En 2022, la suma del presupuesto reportado por 25 Fiscalías Anticorrupción asciende a 808 millones de pesos.
Baja California y Baja California Sur aún no cuentan con una Fiscalía Anticorrupción en operación.
Al revisar el marco jurídico, los recursos, el capital humano, los procesos y resultados, se encontró que la mayoría de las Fiscalías Anticorrupción (FA) se mantienen con avance deficiente o nulo, es decir, aún no cuentan con las condiciones requeridas para funcionar correctamente y lograr resultados en la lucha contra la corrupción.
En Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas el nombramiento del titular de la Fiscalías Anticorrupción es realizado por el fiscal general, lo que implica un riesgo en la imparcialidad y objetividad.
Solo las Fiscalías de Sonora y Querétaro cuentan con protocolos para investigar casos de corrupción, y únicamente la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo tiene un protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en casos de corrupción.
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