San Andrés Tuxtla: ¿protección del Prian?

Tuxlta
Marlon Ramírez Marín y Miguel Hermida Copado FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio. 

Los trabajadores de la educación son ciudadanos con una alta preparación, por lo que difícilmente caerían en una manipulación política para agraviar al gobierno estatal. *** Este jueves, por cuarto día consecutivo, el magisterio salió a las calles a protestar. Se plantó una vez más frente a Palacio de Gobierno y realizó bloqueos de calles y marchas. *** ¿La principal demanda? El pago inmediato del incremento salarial. *** De nada sirvió que el titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar García, anunciara la mañana de este mismo jueves que el pago será el 15 de diciembre, dato que ya había adelantado el gobernador Cuitláhuac García. *** Desde el gobierno estatal insisten en atribuir estas movilizaciones a “intereses políticos” y repiten hasta el cansancio que “el pago está garantizado”. *** ¿Garantizado con qué? ¿Con su palabra? No terminan de entender que los maestros han sido engañados muchísimas veces, por este y por anteriores gobiernos, razón por la que la única garantía que aceptan es que puedan tener el recurso en sus bolsillos. *** Ofrecer que dicho aumento (al que insisten en llamar “bono bienestar”, con lo que desacreditan dicho término) será entregado en la primera quincena de diciembre, no representa un acto de desprendimiento o “buena voluntad” del gobierno de Veracruz. *** Ese recurso ya debería estar en las cuentas de todos los trabajadores y el retraso en el cumplimiento de dicho compromiso es lo que los lleva a desconfiar. *** Derroche en propaganda con motivo del cuarto informe de gobierno, además de apoyos extraordinarios a la Fiscalía y al Poder Judicial, permiten considerar que el gobierno sí contaba con recursos para hacer estos pagos, pero no les dio prioridad. *** Por eso no les creen.

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Con el fin de determinar si tienen fundamento los señalamientos que ha recibido el Congreso de Veracruz, en contra del manejo financiero del actual ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, en la sesión ordinaria de este jueves el Pleno aprobó la intervención de la tesorería de esa comuna, hasta por dos años.

Esta medida, se dijo, “tiene la finalidad de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos, dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado Rafael Fararoni Magaña, explicó que fue el propio ayuntamiento el que provocó que se tomara esta decisión, al impedir actos de fiscalización por parte del Poder Legislativo.

“Negarse a proporcionar información a los auditores debidamente designados es una falta gravísima, inadmisible en la administración pública moderna y que no puede tolerarse a ningún ente fiscalizable”, señaló.

Llama la atención que el dictamen presentado ante el Pleno, fue firmado por 13 de los 15 integrantes de la Comisión de Vigilancia. Los únicos que no lo hicieron fueron el panista Miguel Hermida y el priista Marlon Ramírez, quienes además votaron en contra de dicho dictamen.

“El mensaje que mandamos al pueblo de Veracruz es que el Congreso del Estado no es cómplice, tapadera, ni alcahuete de ningún tipo de corrupción y que nuestro compromiso con la fiscalización de los recursos públicos no admite consideraciones políticas”, advirtió Rafael Fararoni.

En el salón de Plenos causó extrañeza la defensa que legisladores del PAN y del PRI hicieron a la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada, y fueron varios los que sugirieron que hubo un acuerdo previo para respaldarla, aunque la abrumadora mayoría en la Comisión de Vigilancia y en la misma sesión legislativa, terminó aprobando el dictamen.

En el cuerpo del dictamen con proyecto de Acuerdo, se advierte que la Legislatura se acercó a las autoridades municipales para fiscalizar el manejo financiero del ayuntamiento “sin embargo (…) lejos de abonar al esclarecimiento de los datos y cooperar con la autoridad en una actitud de transparencia y cumplimiento de las obligaciones, en diversas ocasiones (…) negó la entrega de la información”.

En realidad no es función de la Legislatura el control del manejo financiero en los municipios, pero sí está entre sus responsabilidades vigilar que las autoridades municipales se apeguen a lo que establece la ley en la aplicación de los recursos públicos.

La intervención de la Tesorería de San Andrés Tuxtla fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso local, pero no estaría de más indagar cuáles fueron las razones que motivaron a los diputados Marlon Ramírez y Miguel Hermida a votar en contra.

Y es que, de no aclararse estas motivaciones, tomará fuerza la versión propalada durante la sesión legislativa, en el sentido de que panistas y priistas llegaron a algún acuerdo con la alcaldesa y con la titular del Orfis, para “blindarla” frente a las medidas que estaba tomando el Congreso.

Que todo sea transparente, pero también legal. Eso es lo importante.

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Epílogo. 

La Legislatura del Estado recibió este jueves, del titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, cuyo monto asciende a 148 mil 474 millones de pesos. ***  Lima Franco informó que esa cifra representa un incremento del 10% en comparación con el ejercicio fiscal 2022. *** Advirtió que en dicho presupuesto ya está considerado el aumento al rubro de Educación por cerca de 3 mil 700 millones de pesos, toda vez que se considera el aumento del 1, 2 y 3 por ciento. *** Para el campo, dijo que habrá un incremento de 246 millones de pesos, para impulsar la producción y en concordancia con el programa nacional de la lucha contra la inflación. *** Plantea incrementos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de alrededor del 10 por ciento y 190 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). *** La mañana de este jueves, en un camino que conduce a la localidad Ruiz Cortines, del municipio de Chumatlán, fue reportado el hallazgo de cuatro bolsas con restos humanos, además de una cartulina con amenazas de un grupo delictivo. *** Antes, en la carretera federal Tuxpan-Tampico, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, que más tarde se supo que se trataba de Seydi Anahí Almazán Ríos, quien laboraba para el Poder Judicial del Estado, en Tuxpan. *** El cuerpo mostraba huellas de golpes, quizá producto de un atropellamiento, pero su camioneta fue localizada abandonada muchos kilómetros más adelante, en una comunidad de Álamo.

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