Señala el periodista Raymundo Riva Palacio: «El gobierno federal ha provisto de insumos a quienes no tienen pudor para utilizar la información que les proporcionan, porque en lugar de consecuencias legales, habrá premios. Son parte de un régimen donde la ilegalidad es pieza de un código genético en expansión. El ejemplo más visible de esto es Layda Sansores, la gobernadora de Campeche, que recibió 60 horas de audios del Centro Nacional de Inteligencia sobre el líder del PRI, Alejandro Moreno, para acabar con su imagen pública y eliminar sus espacios de maniobras». A todas luces la gobernadora de Campeche actúa con total impunidad y con el aplauso del presidente de México.
Cuando le preguntan al presidente sobre el acoso de Layda a personajes políticos, incluso de Morena, el presidente sólo considera que son de “mal gusto”. Pero sobre las sanciones a este tipo de actividades delictivas el presidente no sólo es tibio, también es cómplice.
Claro, para hacerse de la vista gorda pone a delincuente y víctima en el mismo nivel: «Hay que buscar la unidad, y ni siquiera a los opositores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos, que sí haya polémica y que se defienda el proyecto de nación porque eso es defender al pueblo, pero no caer en la politiquería y muchos menos en el insulto, en el agravio, la humillación». Por supuesto, no pidió a Layda Sansores que dejara de delinquir; eso no, pues la señora le sigue siendo útil.
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