Aurelio Contreras Moreno / Hace una semana, fueron dados a conocer reportes “hackeados” a las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional en los que se menciona que funcionarios estatales tendrían vínculos con bandas de la delincuencia organizada en Veracruz.
En uno de los reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise) -uno de los millones de documentos filtrados en el “Guacamaya Leaks”- fechado el 16 de marzo de 2019, se afirma que “el gobernador del estado de Veracruz está apoyando la entrada a la entidad del Cártel del Noreste” para desplazar al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En ese mismo documento también se señala que “los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil, dan protección al Cártel del Noreste”.
Como es usual que ocurra en México, no pasó nada. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió a decir -24 horas después de que se difundió la información- que lo investigaran a él y a su familia porque no tiene nada que esconder, y para distraer, su régimen montó una campaña para destacar sus “logros” en materia de seguridad pública.
Solo pasó exactamente una semana para que dos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública fueran detenidos por elementos de la Policía Naval y de la Ministerial: el ex director de Operaciones de la dependencia y actual director de la Academia de Policía de El Lencero, Alan Ciprián Canseco alias “Comandante Relámpago”, y el delegado de la misma SSP en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Ricardo de Jesús Hernández Hernández alias “Galeno”, junto con otros dos elementos policiacos.
A todos se les implica en la desaparición forzada del exdirector de la Policía Vial, Juan Alan Cuetero Meza, alias el “Archi”, ocurrida a fines de mayo de este mismo año en la ciudad de Veracruz. Esto es, sus propios compañeros se habrían encargado de desaparecerlo, en una muestra clara del nivel de podredumbre que impera en la dependencia que encabeza Hugo Gutiérrez Maldonado.
Pero la descomposición es todavía más profunda. El mismo “Archi” estaba implicado en hechos delictivos graves a su paso por la delegación de la SSP en Acayucan, donde se le relacionó con la desaparición forzada del joven Alex Enrique Guillén Domínguez en junio de 2020, tras de lo cual fue “premiado” con su traslado a la dirección de la Policía Vial de Veracruz. Antes de él mismo ser desaparecido, iba a ser ascendido como director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, cargo que en ese momento ocupaba uno de sus presuntos verdugos.
Con el escándalo encima, al gobernador no le quedó de otra que salir a tratar de tapar el porquerizo: hizo un pronunciamiento en el que enfatizó que “reiteradamente y de manera pública he llamado a mis colaboradores a apegarse a los principios que rigen este movimiento: honestidad, no traicionar al pueblo y
dirigirse con la verdad”, al mismo tiempo que intentó evadir la responsabilidad diciendo que “por unos cuantos elementos que desatienden las instrucciones, no vamos a arrastrar a toda una corporación que pretendemos limpiar”.
Pero en cuatro años en el gobierno no han limpiado absolutamente nada. Hace unos cuantos días autoridades del estado de Puebla detuvieron a elementos de Seguridad Pública de Veracruz por robo a transporte en la misma zona donde también hace una semana se cometió un asalto masivo a automovilistas varados en la autopista, hecho que de manera insólita –y cínica- la Secretaría de Seguridad Pública negó que hubiese ocurrido a pesar de todos los testimonios publicados en redes sociales.
La evidencia de la putrefacción en la SSP ya debería haber provocado la salida de su titular. En cambio, lo que hay son peroratas del gobernador en las que vocifera tener “autoridad moral para convocar a todo mi gabinete y funcionarios de este gobierno a conducirse y seguir conduciéndose bajo los principios de la cuarta transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, mientras jura que “no tenemos pactos con la delincuencia”.
Debe ser. La delincuencia está adentro.
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