En estos momentos en el país, «el horno no está para bollos» ni para ocurrencias como la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que sean los ciudadanos los que decidan la continuidad o no de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. De entrada, los mexicanos saben que estas consultas ciudadanas sólo son un despilfarro de recursos. Se acuerda usted de la consulta para enjuiciar a los expresidentes o de la realizada para la revocación de mandato, ninguna prosperó y sólo quitó tiempo y recursos, mismos que salen de los impuestos de todos los mexicanos.
Lo grave del caso es que, al parecer, el presidente ignora que la Constitución Política prohíbe que la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente sea objeto de consulta popular. Además, la cereza del pastel es que el Ejecutivo federal dejaría al INE fuera de la organización de la misma, ya que pretende que ésta sea organizada por la Secretaría de Gobernación.
No por algo la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, aseguró que la propuesta del presidente es ilegal e inconstitucional. López Rabadán dijo que si el presidente quisiera consultar realmente al pueblo de México, cumpliría con lo que mandata la ley suprema y dejaría que el Instituto Nacional Electoral (INE), en todo caso, se encargara de su organización.
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