Lo dicho, con López Obrador no hay pacto que valga. Para que quede claro que el pacto entre López obrador y Peña Nieto está resquebrajado, la Fiscalía General de la República, por órdenes directas de la Presidencia, ha solicitado investigar a todo el círculo familiar del presidente Peña Nieto, incluso a su exesposa, la actriz de telenovelas Angélica Rivera. Al parecer la hermana de La Gaviota estaba organizada con varias empresas dedicadas a la organización de eventos. Adriana Rivera era la que daba el visto bueno de qué empresa hacía éste o ese banquete. Señala la revista Proceso: «Una de esas compañías es Actidea, propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari; dedicada a la organización de eventos, en ella se encuentra registrada Adriana Rivera».
En su pleito legal para conseguir el divorcio, el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, hoy preso en el Reclusorio Norte, anotaba en los alegatos: «Ella (Angélica Rivera) junto con sus hermanas, impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. Este hecho por supuesto generaba las condiciones para poder tener acceso a contratos que en suma ascendieron a mil millones de pesos por medio de comisiones».
De acuerdo con los alegatos de Juan Collado, todo el dinero ganado por comisiones, «eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los operadores principales de ello eran la señora Rosaura Henkel, la familia Álvarez Morphy y el señor Héctor Loustanau, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña».
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