Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
En el año 2016, pobladores del municipio de Emiliano Zapata, reportaron a las autoridades que percibían fétidos olores en el fondo de la barranca “La Aurora”, ubicada a unos metros de sus viviendas. *** La policía estatal primero, y más tarde personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio reportaron el hallazgo de seis cadáveres, aunque en realidad encontraron 19 cuerpos. *** A partir de ese caso se inició un proceso contra el hoy exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición Forzada de Personas. *** La denuncia está basada en el artículo 28 de la Ley General de Desaparición Forzada, que indican que “al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30”. *** El artículo 30 apunta que “se impondrá pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28. Cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión”. *** A quien oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona. *** Lo siguiente es un fragmento de la charla que el Jefe del Ejecutivo en Veracruz tuvo con la prensa, al ser cuestionado sobre la desaparición de Viridana, una joven originaria de Cardel: – “No está desaparecida, está resguardada” – ¿Ya fue localizada, entonces? – “Es un asunto que no se puede decir en público”.
* * *
“¿Quién mató al Comendador? – Fuenteovejuna, Señor. – ¿Quién es Fuenteovejuna? – Todo el pueblo, a una”.
Sucedió la noche del sábado, muy cerca de Xalapa, la capital del estado:
Un sujeto, identificado como Francisco Torres, alias “Mano de Fierro”, propietario de una empresa denominada Río Aventura Expediciones, pasaba frente a una cantina en poblado de Jalcomulco, cuando se topó con su vecino Verulo Xotla Anell.
De inmediato se inició una fuerte discusión entre ambos personajes.
“Mano de Fierro” se alejó del lugar, pero se dirigió a las instalaciones del campamento Río Aventura, de donde sacó un arma y retornó a la cantina.
Ya estando ahí, se dirigió a Verulo Xotla y le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte.
Los pobladores que se encontraban en el lugar capturaron a Francisco Torres y lo golpearon. En la agresión surgió un cuchillo y el “Mano de Fierro” recibió varias puñaladas que le causaron la muerte.
Horas más tarde llegó la Policía Municipal, pero sólo encontró los dos cadáveres.
En su Informe Especial sobre la Problemática de Linchamientos en el Territorio Nacional, presentado en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que los linchamientos son: “actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas, ante una realidad que las vulnera y lastima, para que incurran en acciones violentas en contra de aquellos que consideran o suponen, cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen”.
Y fue más allá:
“Las expresiones de violencia colectiva -o linchamientos- ilustran la falta de capacidades del Estado, para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre el territorio, garantizando la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas, que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad”.
Sobre los hechos ocurridos en el poblado de Jalcomulco, ninguna autoridad del estado de Veracruz salió a informar.
Tampoco han dicho nada sobre el cuerpo sin vida encontrado la mañana del domingo en la comunidad Mesillas, del municipio de Yanga; cuerpo que se encontraba maniatado.
Tampoco han hecho referencia a la ejecución (de tres disparos), el pasado sábado de Adrián Rodríguez Cosco, de 60 años de edad, un auxiliar de la síndica de Córdoba, Vania López.
El hartazgo social surge a partir del abandono de las autoridades.
Ahí están las consecuencias.
* * *
Epílogo.
La primera decisión de Isabel Inés Romero, una vez que asumió de manera intempestiva (y fuera de todo reglamento) el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, fue reanudar los pagos a las empresas encargadas de la construcción de las Ciudades Judiciales. *** Los pagos habían sido suspendidos por la anterior titular del Poder Judicial, Sofía Martínez, pues había detectado graves violaciones en la contratación de esas obras. *** Pero si pensaban que su gesto había obedecido a su responsabilidad y disposición para cumplir los compromisos de la oficina a su cargo, habría que advertir que no tuvo la misma actitud con el Instituto de Pensiones del estado (IPE) al que le debe 3 millones de pesos. *** ¿Que no son de su etapa al frente del Poder Judicial? Eso no debe importar, pues son compromisos de la institución. Al fin y al cabo, las deudas con los constructores tampoco eran de su período, y esas sí las cubrió. *** ¿Esperaban, acaso que las cosas cambiaran con el “encargado” del despacho de la Secretaría de Salud? Serían muy ingenuos. *** Por lo pronto, resulta que no son ellos, sino “los medios tendenciosos”, los responsables de que hoy se esté hablando de medicinas oncológicas almacenadas y a punto de caducar.
Comentarios