Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
¡Vaya que son lentos los “expertos” en finanzas públicas del gobierno estatal! *** Mira que tardar 40 meses de la administración para descubrir lo que todos los veracruzanos saben… *** Tiene mucha razón el gobernador del estado cuando señala que en las administraciones de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes Linares se simularon deudas y se “pateó el bote” de las demandas judiciales iniciadas por los acreedores; principalmente después de junio del 2018, luego de que el titular del mini-gobierno confirmara que no podría legarle a su primogénito el Palacio de Gobierno. *** De la deuda ficticia, el propio Yunes Linares dio a conocer que la lista de acreedores presentada ante el Congreso local (para que se les liquidara el pasivo con una nueva línea de crédito) estaba plagada de facturas falsas, obras no realizadas o bienes y servicios nunca entregados. *** Tiene razón también Javier Duarte cuando desde prisión sale a responderle al gobierno estatal y advierte que durante su administración “toda la deuda pública bancaria y toda la deuda pública contingenté con acreedores, proveedores y contratistas fueron aprobadas por el Congreso del Estado”. *** El voto de los legisladores, sin embargo, no la legitima; por el contrario, incorpora a la lista de presuntos responsables de ese fraude a las arcas públicas, los diputados que lo avalaron. *** Respecto a la posibilidad de que el gobierno de Yunes Linares haya provocado derrotas judiciales de la administración estatal, a estas alturas, más de 3 años después de iniciado el actual gobierno, ya debieron haber actuado, en principio, contra los que fungieron como abogados del gobierno estatal. *** El Código Penal de Veracruz contempla, en su artículo 251, prisión de seis meses a cinco años, multa hasta de 80 días de salario y suspensión de dos meses a dos años del derecho de ejercer la abogacía, al abogado que: I. Abandone una defensa sin motivo justificado; VI. Con el carácter de defensor o apoderado no ofrezca ni rinda pruebas dentro de los plazos previstos por la ley, si está en posibilidad de hacerlo y corresponden a la naturaleza y estado del asunto, y VII. Como defensor de un inculpado se concrete a aceptar el cargo (…) no ofrezca pruebas o promueva diligencias tendientes a la defensa. *** La tardanza para “descubrir” esas trampas de exfuncionarios estatales, mueve a sospecha: Los actuales integrantes del gobierno estatal no deben pasar por alto que en ese mismo Código Penal, en el artículo 319, se sanciona lo que es llamado “incumplimiento del deber legal”, que imputa al servidor público “que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”. Se peca por acción, pero también por omisión.
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En junio del año pasado, cuestionado sobre la posibilidad de que se realizara el ambicioso proyecto del tren eléctrico en Xalapa, el presidente López Obrador advirtió que se llevaría a cabo sólo si pudiera concluirse a finales de 2024, ya que no pretendía dejar obras pendientes para las próximas administraciones.
“Si tenemos el proyecto este año, se licita este año y lo hacemos en dos, va, pero ya en el 2024 no, pues no queremos tener obras en proceso. No queremos hacer lo mismo que se hacía antes de dejar obras tiradas, inconclusas”, expuso.
Cuatro meses después, en octubre, al recordarle ese proyecto, el presidente insistió:
“Vamos a esperar, es que no queremos iniciar nada que no se vaya a terminar, es decir, que dejemos inconcluso (…) No tenemos el proyecto ejecutivo, nos va a llevar un tiempo, estamos viendo esto con Cuitláhuac para ver si podemos tener el proyecto y que podamos terminar de hacer el tren”.
Terminó el año y el proyecto ejecutivo no estuvo listo y, por lo tanto, tampoco se licitó, por lo que, basados en lo dicho por el presidente (el gobierno federal sería el que aportara los recursos y, por lo tanto, la decisión presidencial era fundamental) se podía concluir que el tren ligero había pasado a ser una cortina de humo del gobierno de Veracruz.
Pero cuando se rebasó ya el primer trimestre del cuarto año de gobierno se le vuelve a plantear el tema a López Obrador y éste –quizá aún con la emoción de haber inaugurado la pista aérea de Santa Lucía- respondió que en abril se definirá si se inician los trabajos de construcción, “ya que se debe evaluar si puede ser concluida antes del 2024”.
En su conferencia matutina, el presiente dijo que no descarta la posibilidad de realizar esa obra, pero insistió en que evitará que quede inconclusa.
“Estamos en eso, todavía no se cancela esta posibilidad, y estamos en tiempo, ya tenemos que resolver en abril sobre este asunto”.
Y recordó que se atraviesa la consulta para la revocación de mandato.
“Ya no podemos comprometernos a proyectos grandes porque no nos va a alcanzar el tiempo y eso depende también de lo que pase el 10 de abril, pero tenemos ya que definir por tiempo”.
La insistencia surge, por supuesto, de la misma administración estatal, que ya entró a la segunda mitad de su gestión y no tiene una sola obra digna de presumir.
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Epílogo.
El senador veracruzano Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del PAN, afirmó que el caos que hoy se vive en gran parte del país por el bloqueo de autopistas realizado por transportistas, se debe a la grave crisis de inseguridad que hay en México. *** “La inseguridad que afecta a todos los sectores productivos del país, es el punto medular del paro que hicieron los transportistas (…) además de los abusos que padecen, como el alto cobro de los servicios auxiliares de la seguridad vial, el servicio de grúas, y los permisos que cambian en cada entidad federativa para el tránsito de estos vehículos”. *** Rementería del Puerto, exhortó al gobierno de Veracruz a revisar esa situación porque en cada estado cobran lo que quieren, aun cuando a finales del año pasado, tan solo en Veracruz, se emitió un reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para regular el cobro de arrastre, pero no se está respetando. *** Es real: Delincuentes experimentados, esos que con mucha frecuencia caen en prisión, han encontrado en las denuncias de violación al debido proceso o a sus derechos humanos, una eficaz herramienta para alcanzar la libertad. La culpa, sin embargo, no es de ellos, sino de un sistema de justicia que no se ha preparado para distinguir abusos reales de montajes. *** La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se especializa en esos temas y tiene en su equipo a expertos en el tema. Difícilmente podrían ser engañados por esos truhanes. La recomendación 51VG/2022 por violaciones graves dirigida al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía estatal, está sustentada en una detallada investigación, que corrobora cada uno de los abusos cometidos por una dama a la que se le acusa de homicidio. *** La recomendación, por cierto, fue rechazada por las autoridades estatales.
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