Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Podrán decir misa: que lo observado “es muy poco”, que estamos entre los estados con menos observaciones, que “los de antes robaban más”, que todavía está en proceso de solventación, que “no son como los de antes”. Lo cierto es que casi 139 millones de pesos no significa una cifra menor. *** La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en Veracruz un presunto daño patrimonial por 138 millones 738 mil 432 pesos, tan sólo en un año, en la Cuenta Pública 2020, por irregularidades en el manejo de recursos federales. *** Según ese órgano fiscalizador, el gobierno de Veracruz devolvió una cantidad millonaria, en lugar de aplicarla en los rubros para los que habían sido presupuestados (especialmente Salud y Educación). *** Se trata –y eso está claro- de ese subejercicio que siempre ha negado la administración estatal, a pesar de que el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez, ha documentado y detallado año con año. *** Y a pesar del daño que se causó a sectores vulnerables de la entidad, se detectaron “gastos en rubros no contemplados”. *** Esas no son las cifras que debería mostrar un gobierno que prometió ser “diferente”.
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Fue en noviembre del 2020, hace ya más de 15 meses, cuando el doctor Tomás Mundo Arriasa entregó en la Fiscalía Anticorrupción la denuncia “ante las conductas ilícitas materializadas por Humberto Rodríguez Losilla durante su desempeño en el cargo de Director General de Administración del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado”.
En el mismo documento se advierte que la intención es “esclarecer el desvío de más de cinco mil millones de pesos con la operación de las Asociaciones Públicas Privadas (APP) conformadas para la construcción y el equipamiento de las llamadas Ciudades Judiciales”.
La denuncia menciona el contubernio de quien fungió por aquellos años como titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) Lorenzo Antonio Portilla.
Se señaló a quienes integraron la Comisión de Licitación: el propio Humberto Rodríguez Losilla; Jesús Obeso Martínez, de Recursos Materiales; Hugo Francisco Ver González, de Infraestructura y Supervisión de Obra, así como Mario Berlín Mendoza, de Asuntos Jurídicos.
Además se apunta la probable responsabilidad de quienes se desempeñaron en la Comisión de Aprovisionamiento (el Magistrado Pedro Luis Reyes Marín y Carla Rodríguez González).
Por supuesto, a la cabeza de todo ese entramado, quien fungía como presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.
La denuncia fue promovida por quien sustituyó a Edel Álvarez en la titularidad del Poder Judicial, la magistrada Sofía Martínez Huerta, quien falleció hace unos días.
Al asumir el cargo, ante un señalamiento directo del Órgano Interno de Control, la magistrada presidenta ordenó una auditoría al procedimiento para la creación de la Asociación Pública Privada (APP) a través de la cual se contrató la construcción de las ciudades Judiciales.
La denuncia sigue vigente, pero de manera sospechosa ha quedado empantanada.
La muerte de la magistrada Martínez Huerta no es óbice para que se le dé seguimiento a la carpeta de investigación y se sancione a los culpables, que llevaron al Poder Judicial a suscribir un compromiso por más de 17 millones de pesos mensuales durante 300 meses, por obras que no fueron concluidas, con inmuebles en mal estado y empresas que no cumplieron con la reglamentación.
Este miércoles el abogado Tomás Mundo aclaró que aunque la denuncia contra el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por amenazas, ya no puede continuar, la que se interpuso por las Ciudades Judiciales sigue activa, pues en ella hay una afectación a la sociedad.
“Sofía Martínez se dio cuenta de la ilegalidad que había y suspendió el pago durante 11 meses. Eso fue lo que le costó la amenaza y eso fue lo que le costó también la presidencia y la magistratura. Cuando llega esta presidenta nueva, paga 170 millones en forma inmediata y sigue pagando las Ciudades Judiciales en las que hay una gran corrupción”.
¿De qué tamaño fueron los compromisos del actual gobierno estatal para verse obligados a proteger a uno de los políticos más cercanos a Miguel Ángel Yunes Linares?
En algún momento lo sabremos.
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Epílogo.
La presidenta municipal electa de Alvarado, Lizzette Álvarez Vela, quien llegó a ese cargo abanderada por un partido aliado a Morena (PVEM), volvió a ser acusada, sin prueba alguna, de haber pactado con la delincuencia organizada. *** En realidad no debería preocuparse. Ya el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones: “el pueblo no se equivoca, o se equivoca menos que los gobernantes… es mejor la decisión de todos que de una sola persona”. *** Lizzete Álvarez ganó de manera contundente en Alvarado, lo que quiere decir que tiene el apoyo y reconocimiento de los habitantes de ese municipio. ¿Acaso allá el pueblo sí se equivocó? *** Hay quienes piensan que los veracruzanos no tienen memoria. Por fortuna hay instituciones que siguen muy de cerca las acciones de los servidores públicos y señalan con precisión los momentos en los que se equivocan. *** El Observatorio Universitario de la Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana dio a conocer que tan solo en el primer mes del presente año ya se han registrado siete feminicidios en la entidad. *** Además de los siete feminicidios, también se han contabilizado otros ocho homicidios contra mujeres, 53 desapariciones y 19 agresiones diversas. ¿De verdad son las mujeres una prioridad de este gobierno? *** Con 4 millones 715 mil 751 personas recuperadas de la Covid-19, se mantiene el descenso en la reducción de casos, con menos 43 por ciento para el periodo del 6 al 12 de febrero, en comparación con la semana previa, mientras que los casos activos, es decir, con capacidad de transmisión también se mantienen a la baja, con 60 mil 990, reportados ayer por la Secretaría de Salud (SSa). *** En cuanto a los contagios confirmados, la cifra se elevó en 18 mil 671, en las últimas 24 horas, con un total de 5 millones 455 mil 237. Los decesos se incrementaron en 449, para un acumulado desde el inicio de la pandemia de 316 mil 941 fallecimientos. *** La ocupación hospitalaria permanece sin cambios en camas generales, con una tasa de 23 por ciento a nivel nacional, mientras que en camas con ventilador se incrementó a 17 por ciento, es decir, subió un punto porcentual respecto a lo informado este martes. *** En la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia federal informó que el martes se aplicaron 633 mil 275 dosis, con un acumulado de 179.2 millones de dosis administradas. Agregó que de los 85 millones 083 mil 649 personas que han sido vacunadas en México, 78.7 millones, es decir, 93 por ciento, ya completó su esquema de vacunación.
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