Se nos fue Sofía Martínez

Sofía
Sofía Martínez Huerta FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio. 

La situación jurídica del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, sigue sin clarificarse. El pasado lunes el juez de Distrito pospuso la audiencia constitucional sobre su caso, que estaba programada para ese mismo día y la reprogramó para el 9 de marzo a las 13:00 horas. *** La principal razón de la postergación de la audiencia, es que el Juez de Distrito tiene que revisar más de 27 horas de material video-grabado correspondiente a la Audiencia de Vinculación, y debe revisar, además, el informe justificado que entregó el juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Francisco Reyes Contreras, punto que cumplió justo minutos antes de que venciera el plazo. *** De la resolución que tome el Juez de Distrito en esa audiencia, se podrá saber si Del río Virgen queda en libertad o sigue su proceso en prisión.

* * * 

El 21 de octubre de 2020 la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, acudió a una reunión a la que fue convocada por el secretario de Gobierno, Éric Cisneros.

Durante ese encuentro, el funcionario del gobierno estatal le pidió a la magistrada que presentara su renuncia a la titularidad del poder Judicial, o que “se atuviera a las consecuencias”.

– No se le olvide, señor secretario, que está hablando con la titular de uno de los tres Poderes del Estado. Usted, sin embargo, es sólo un funcionario más del Poder Ejecutivo. No tiene la estatura jerárquica –y mucho menos moral- para pedirme que renuncie.

– Pero si usted le renunció al gobernador.

– Se vuelve a equivocar, señor secretario. No tiene el titular del Poder Ejecutivo atribuciones para recibir de mi parte una renuncia. En efecto, yo le informé al ingeniero Cuitláhuac García mi voluntad de renunciar, pues le demostré con documentos que todo de lo que se me acusaba era falso. Él me sugirió que me mantenga en el cargo y eso haré.

La magistrada presidenta presentó una denuncia por amenazas en contra del secretario de Gobierno, y recurrió a uno de los más reconocidos juristas de la entidad, Tomás Mundo Arriasa. Sin embargo, la presión fue superior a sus fuerzas y la magistrada decidió no seguir más con el proceso penal.

Sofía Martínez Huerta, la primera mujer en llegar a la presidencia del Poder Judicial de Veracruz, falleció el pasado lunes en un hospital de la ciudad de Puebla.

En su momento, por supuesto, el secretario de Gobierno Éric Cisneros negó que hubiera amenazado a la magistrada y tras el desistimiento de Sofía Martínez, el asunto terminó archivado.

Sofía Martínez Huerta narró que acudió a una reunión en la que estuvieron presentes Cuitláhuac García y Éric Cisneros, y en la que el gobernador le hizo saber: “Ahora que fue designada Presidenta del Poder Judicial del Estado es importante que usted tenga conocimiento que el Secretario de Gobierno tuvo que realizar diversos acuerdos con el anterior Presidente del Poder Judicial del Estado (Edel Álvarez Peña), y que dentro de esos acuerdos quedamos en que no se haría cacería de brujas respecto a su administración, por lo cual todo aquello que tenga que ver con la anterior administración, lo tendrá que ver directamente con el ingeniero Cisneros”.

A su llegada al cargo, Sofía Martínez fue enterada de que el Poder Judicial se había comprometido a pagar a empresas privadas 17 millones de pesos mensuales por los próximos 300 meses, para cubrir el costo de las llamadas “Ciudades Judiciales”.

La magistrada ordenó la suspensión de esos pagos y contrató un despacho privado para auditar las obras. Se encontró con un millonario fraude en el que se vieron involucrados integrantes del Consejo de la Judicatura y funcionarios del gobierno estatal.

Eso (haber investigado la gestión de su antecesor) le costó a Sofía Martínez no sólo el cargo de presidenta, sino –incluso- su nombramiento como magistrada.

Descanse en paz.

* * * 

Epílogo. 

Y fue a la llegada de la nueva presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero, que se tiró a la basura la investigación sobre las Ciudades Judiciales y se pagó hasta el último centavo de lo que se les debía a las empresas participantes. Fue entonces cuando se gestó la mayor crisis financiera que ha vivido el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, al grado de admitir, a mediados del año pasado, que ya se habían acabado el presupuesto y no contaban con recursos para pagar salarios el resto del año. *** A todo eso hay que agregar que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) sigue reclamando al Poder Judicial que pague la deuda que arrastra, por 42 millones de pesos. *** La directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, advirtió que a pesar de los intentos por llegar a un acuerdo para programar los pagos pendientes, no recibió respuesta. *** “Hemos hecho lo propio de parte nuestra, que es cobrar; estamos remitiendo hoy la información al ORFIS, que nos quedó de Cuenta Pública 2021 pero también la información de los entes deudores. El Poder Judicial está denunciado”. *** La cifra oficial de muertes por Covid-19 en México ascendió este martes a 316 mil 492 decesos, luego de que se notificaron 706 defunciones en las últimas 24 horas. *** La Secretaría de Salud registró 18 mil 309 nuevos casos confirmados, por lo que el acumulado de infecciones de coronavirus aumentó a 5 millones 436 mil 566 contagios desde que inició la pandemia en el país. *** El Gobierno federal destacó que la ocupación de camas generales se ubica en 23%, dos puntos porcentuales menos que lo reportado ayer; mientras que las camas con ventilador registran una ocupación de 16 por ciento. *** El lunes se aplicaron 510 mil 649 vacunas contra Covid-19, por lo que el total de dosis suministradas a nivel nacional es de 178 millones 641 mil 032 dosis. *** De las 85 millones 60 mil 320 personas vacunadas contra el coronavirus en el país, 78 millones 706 mil 377 tienen el esquema completo. *** Esta mañana López Obrador comentó que se está analizando la posibilidad de vacunar contra la Covid-19 a niños y niñas mayores de 5 años, cuando se termine de vacunar a la población prioritaria.

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