Como bien decían los que promovieron la modificación del delito de ultrajes a la autoridad, ese delito ya existía. Y es que tiene sentido, los ciudadanos no pueden agredir a los servidores públicos, no pueden amenazarlos ni atentar contra la vida de un servidor en cumplimiento de su deber. En su texto original el código penal anotaba que se imponía hasta «seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas».
La modificación que hiciera el gobierno de Cuitláhuac García agregó que «se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima». El problema de este delito fue que los policías de Hugo Gutiérrez Maldonado, con la complacencia de él, usando este delito como excusa, empezaron a ultrajar a la sociedad.
Es decir, aunque se derogue la modificación que el gobierno de Cuitláhuac García hiciera al delito ultrajes a la autoridad, mientras los mandos altos, empezando por el gobernador, secretario de Gobierno y Secretario de Seguridad, no pongan un alto real a los abusos de la policía, los ultrajes a la sociedad seguirán. Y cómo van a poner un alto a estos abusos, si ellos mismos han utilizado este delito como arma política.
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