Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Un severo golpe –aunque no definitivo- recibió este martes el equipo jurídico de Ricardo Exsome, candidato de Morena a la alcaldía de Veracruz. *** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar a Patricia Lobeira, candidata a la alcaldía de Veracruz por la coalición “Veracruz Va” (PRI-PAN-PRD), con 97 mil pesos, pero decidió mantener firme su triunfo, pues el organismo consideró que no rebasó el tope de gastos de campaña. *** Morena acusó que el 23 de mayo se realizó una marcha denominada «Todos somos Miguel», a la que asistió la candidata Lobeira y, junto con su esposo, subió a un templete y tomó la palabra. *** Además, denunció que en el lugar se concentraron cerca de 20 mil personas, se utilizó equipo de sonido e incluso una batucada, todo lo cual, según Morena, representó un gasto valuado en cerca de 5 millones de pesos, que deberían contabilizarse en la campaña de Lobeira. *** Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, argumentó que el hecho de que Lobeira hubiera utilizado el apellido Yunes no es nuevo, pues otros aspirantes han recurrido a ello y, en este caso, se trataba de un “punto de referencia”, además de alegar que el evento “nunca fue un acto de campaña”. *** El diputado Mario Llergo, representante de Morena, dijo que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE debió contabilizar 53 eventos que realizaron los Yunes, con lo que a su juicio se supera el tope de gastos de campaña. *** Dijo que se actuó “de mala fe” en las pruebas supervinientes que su partido presentó. *** “Proceden a acumular nuestra queja 958 a un expediente ya confirmado y resuelto en el fondo, que es el 840, sin resolver lo que fue ampliamente expuesto en los 54 eventos denunciados de nuestra queja, con razonamientos contradictorios, en donde destaca la mala fe”, expresó. *** Por supuesto que no se ha dicho la última palabra. Morena y su candidato aún tienen recueros que pueden presentar, pero este golpe sí fue severo.
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Se conoce como “ejercicio fiscal”, al período de 12 meses en el que los negocios y los organismos públicos tienen que presentar y calcular los informes financieros anuales. Este período normalmente empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre del mismo año.
El Decreto de Presupuesto de Egresos para Veracruz aprobado por la LXV Legislatura el 17 de diciembre del 2020 establece en su artículo primero: “El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, control y evaluación del gasto público estatal para el ejercicio fiscal 2021…”.
De tal manera que dicho presupuesto establece cuánto se va a gastar y en qué habrá de ser gastado y tiene como plazo para su ejecución, del primero de enero al 31 de diciembre del 2021.
¿Quién convenció al gobernador Cuitláhuac García de ese disparate de que tiene hasta marzo del 2022 para ejercer los recursos aprobados para el 2021?
Este martes el gobernador salió en “defensa” del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) Elio Hernández, quien admitió que a un mes de que concluya el año aún no ejerce cerca de 900 millones de pesos y ni siquiera tiene la certeza de su destino.
Cuitláhuac García (supongo que con la “genial” asesoría de sus colaboradores en la Secretaría de Finanzas) aseguró que la SIOP no incurre en ningún subejercicio, porque “no ha acabado el año”, pero de pronto expresa: “que termine marzo y ya hablamos”.
Y con los cables absolutamente cruzados, reconoce que no se puede hablar de subejercicio “hasta que se termine el año fiscal, por lo que los recursos están seguros”.
Tiene razón, sólo que el “año fiscal” concluye el 31 de diciembre, no en marzo del 2022.
Esos mismos asesores son los que le “sugirieron” al gobernador que en su iniciativa de Decreto de Egresos incluyera una cláusula en la que se autorice la contratación de créditos (esto es, más deuda) hasta por el 6% del total del presupuesto, lo que significa poco más de 8 mil millones de pesos.
Curiosamente contrario a sus pautas de comportamiento (eso de hacer en el gobierno estatal una copia de lo que hace su líder, el presidente López Obrador) en el tema de la contratación de deuda pública marchan en sentido completamente opuesto.
“No vamos a contratar más deuda, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales no solo en este año, sino en todo en todo el sexenio”, dijo el presidente allá por el mes de mayo del 2019.
Acá, sin embargo, se plantea la posibilidad de contratar más de 8 mil millones de pesos que tendrían como destino “exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
Se olvidan que hay un marco jurídico que rige la actuación de los gobernantes en la entidad, que es la Constitución local, y que en su artículo 73 dispone que “el Gobierno del Estado y los municipios únicamente podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura”.
En ningún momento permite contratar deuda para cubrir episodios de “insuficiencia de liquidez” que, por otra parte, son producto de la incapacidad de los administradores.
De todas estas irregularidades están quedando testimonios documentales y en su momento los responsables serán llamados a cuentas. No los detendrán por “ultrajes a la autoridad”, sino por pisotear nuestra Constitución.
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Epílogo.
El senador Ricardo Monreal no se mostró muy preocupado por la respuesta virulenta que recibió del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y del secretario de Gobierno, Éric Cisneros, luego de denunciar el uso faccioso del tipo penal conocido como “ultrajes a la autoridad”. *** Este martes el coordinador de los senadores de Morena convocó a los veracruzanos a “no callar frente a las injusticias y los excesos”, y a no tener temor “frente a los poderosos que violan los derechos humanos de manera frecuente y sin ningún pudor”. *** Ricardo Monreal exhortó al Congreso de Veracruz y al resto de los Congresos estatales a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, por considerarlo “inconstitucional, desproporcionado, autoritario, propio de una dictadura”. *** Recordó que al menos seis jóvenes fueron detenidos en Veracruz injustamente, “y seguramente habrá más personas, que a la sombra y al amparo de este delito, han sido privados de su libertad, ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad penal”. *** Y advirtió: “He enviado una comunicación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga en este y en otros casos, pues no hay que tener miedo, sólo hay que tenerle miedo al miedo mismo”. *** En las pasadas 24 horas se confirmaron 53 fallecimientos causados por Covid-19 para un registro acumulado de 293 mil 950 en el Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias (Sisver). *** El reporte de la Secretaría de Salud de esta tarde, indica que la curva epidémica registró por segundo día un incremento, esta vez de 6 por ciento en el periodo del 14 al 20 de noviembre, en comparación con la semana previa. *** El informe señala que el domingo se aplicaron 114 mil 108 vacunas contra el virus SARS-CoV-2, con lo que desde el 24 de diciembre de 2020, 76 millones 685 mil 147 personas han recibido al menos una dosis. De estas, 85 por ciento ya tiene la protección completa con alguno de los biológicos disponibles en el país. *** Durante esta semana llegarán al país 4 millones 141 mil 710 vacunas contra el coronavirus, de las cuales un millón 980 mil 810 son del laboratorio Pfizer y 2 millones 160 mil 900 de Astra Zeneca. *** Mientras tanto, el presidente López Obrador anunció que no será obligatorio el uso de cubrebocas en la concentración a la que ha convocado para este miércoles primero de diciembre: “prohibido prohibir”, apuntó.
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