Brenda Caballero / Los veracruzanos, después de tanto tiempo, apenas alcanzamos a ver señales de justicia. Y digo “señales”, porque el hecho de que varios funcionarios duartistas sean imputados, no quiere decir que la justicia los alcance o que devuelvan lo que se robaron, que sería lo más importante después del saqueo que hicieron al erario público de Veracruz.
Allí tenemos el caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, con prisión preventiva, que para extinguir la acción penal en su contra quiere reparar el daño con 3.4 millones de dólares en el caso Agro Nitrogenados, y 1.6 millones de dólares, en el caso Odebrecht. ¡5 millones de dólares contra 200 millones que implicó el daño a Pemex! ¡Así, pues ni cómo, aunque sea testigo protegido y vaya inculpando a cualquiera que se le atraviese!
El caso de Lozoya me recuerda al de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero del Gobierno de Veracruz entre el 2012 y el 2015, señalado de participar en el daño patrimonial multimillonario que sufrió Veracruz por más de 63 mil 500 millones de pesos.
Pero Tarek se aplicó y se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República; con ello detuvo la orden de aprehensión en su contra y a cambio dio nombres y más nombres, todo con tal de librar la cárcel.
Entre los nombres: Fernando Charleston Hernández y Tomás Ruiz González, ex Secretarios de Finanzas; Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas; José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera; todos ellos fueron vinculados a proceso, aunque por cantidades irrisorias, como a Charleston, que de 2 mil millones desaparecidos, únicamente lo procesan por cien mil pesos.
Los ex duartistas no tenían mucho de qué preocuparse, pues a pesar de que su imputación se anunció con bombo y platillo a finales de octubre como el presunto mayor desvío que la Fiscalía General de la República llevaba ante los tribunales contra ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa, éstos llevarían su proceso en libertad, ya que no existe el riesgo de fuga, pues siempre que la autoridad los ha requerido, allí han estado.
Ahora bien, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación también había presentado las respectivas denuncias contra los saqueadores duartistas, y Tarek había reforzado las denuncias con sus declaraciones, no sirvieron de nada, ya que hace 5 días un Tribunal Federal dictó auto de libertad a favor del subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, Gabriel Deantes Ramos, quien fuera imputado por peculado por la Fiscalía General de la República por la cantidad de 19 millones, 900 mil pesos.
El argumento del magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, José Manuel Torres Pérez, fue que las declaraciones del testigo colaborador no resultan idóneas ni suficientes para determinar que Gabriel Deantes Ramos supuestamente autorizó las transferencias de la cuenta del Gobierno del Estado de Veracruz a una cuenta concentradora, comúnmente llamada Licuadora.
El día de ayer amanecíamos con la noticia de que también Mauricio Audirac Murillo, Secretario de Finanzas y Planeación, quien había sido vinculado a proceso por un supuesto desvío de 568.9 millones de pesos en partidas federales durante el año 2014, también llevará su juicio en libertad.
Lo mismo aplicó para Sergio Armando de la Llave Migoni, ex subsecretario de Finanzas y Administración, a quien también se le vinculó a proceso por el supuesto desvío de 204 millones de pesos.
Sin duda, las imputaciones de funcionarios son acordes a todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero el tema es que nada más nos emocionan con tantas imputaciones y de que se hará justicia, pero al final no pasa nada. Salen en libertad, y lo peor, ni siquiera devuelven lo que se robaron; aunque habrá que ver si a Tarek no le pasa lo que a Lozoya, y al final cae de la gracia del poder pues en su haber cuenta con 5 carpetas de investigación.
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