Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Es bien sabido que para el presidente López Obrador, el ejercicio de la consulta para la revocación de mandato es, en los hechos, una estrategia más de propaganda personal. *** Su interés es seguir apareciendo en boletas de votación, para conservar su alta calificación e impulsar con ello a su partido en la sucesión del 2024. *** Y esa es la conclusión a la que han llegado diversos analistas, partiendo de una certeza jurídica: A López Obrador no le pueden aplicar dicha ley (la de revocación de mandato) porque estarían violando un principio jurídico fundamental: que a nadie se le puede aplicar una ley de forma retroactiva, y cuando López Obrador asumió la presidencia, esa ley no existía. *** En las mismas condiciones se encuentra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Aunque por mandato constitucional el Congreso local tuvo que legislar sobre la revocación de mandato, dicha ley no se le puede aplicar al actual gobernador. *** López Obrador ha insistido en que se le someta a esa consulta, sabedor de sus altos niveles de aceptación, pero no es la misma circunstancia con Cuitláhuac García, quien no superaría un examen de ese tipo. *** ¿Qué le queda, entonces al gobernador? Impulsar la consulta sobre su jefe, el presidente.
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Pocas veces –lamentablemente- hay algo digno de reconocimiento para el gobernador Cuitláhuac García cuando ofrece su mala copia de la “mañanera” de López Obrador.
En esta ocasión, sin embargo, sí lo hubo.
Entre la gran diversidad de temas que le fueron planteados, alguien le recordó que se acerca la celebración del Carnaval de Veracruz y se le cuestionó sobre la participación de su gobierno en esa festividad.
De lo que se le pudo entender al gobernador, fue que habrá apoyo, sí, pero éste será “en especie”. Esto es, que serán movilizados miles de activos, de Seguridad Pública, de Protección Civil, de Tránsito, de Turismo y de Salud, para apoyar al Comité Organizador.
Pero no habrá apoyo en efectivo.
¿Por qué esto tendría que ser una buena noticia?
Porque ya era necesario que los jarochos se cortaran el cordón umbilical. La festividad tiene un amplio reconocimiento, incluso a nivel internacional, y no debería requerir del financiamiento público para su celebración.
Acabamos de ver un ejemplo de desvinculación financiera del gobierno en un evento de la más alta categoría: El Gran Premio México, de Fórmula Uno.
En febrero del 2019, a unos meses de haber asumido la presidencia, López Obrador advirtió que a no habría recursos para apoyar esa competencia automovilística:
“Ya no vamos a poder (continuar), porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el Fondo de Fomento al Turismo y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Tren Maya”, dijo en aquella ocasión.
¿Qué hicieron los organizadores y la propia Federación Internacional de Automovilismo (FIA)?
No se cruzaron de brazos. Se dieron a la búsqueda de los patrocinios necesarios para la realización del evento y lo único que les pidieron a los gobiernos federal y de la Ciudad de México fue su apoyo en lo logístico, esto es, lo mismo que está ofreciendo el gobierno de Veracruz para los organizadores del Carnaval.
¿Qué tienen que hacer, entonces, los organizadores? Ponerse las pilas y conseguir que los patrocinadores carguen con el peso financiero de la celebración.
¿Cuáles serán los beneficios?
Que ya no podrá llegar ningún funcionario menor pretendiendo influir en la selección del rey, la reina o los reyes infantiles. Ya ningún servidor público de medio pelo podrá meter gratis a toda su familia a los eventos que tienen un costo, ni se brincarán las filas para acceder a los bailes populares.
Ya será, si se organizan bien, una verdadera fiesta del pueblo.
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Epílogo.
Aquel que fuera de los más reconocidos operadores electorales de Javier Duarte, el exsubsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas, Gabriel Deantes, difundió la tarde de este lunes que un juez federal le dictó auto de libertad, respecto a la imputación que le hiciera la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de peculado de 19 millones 900 mil pesos. *** La denuncia en su contra surgió de los señalamientos del extesorero de Finanzas, Antonio Tarek Abdalá, quien declaró ante la FGR que Gabriel Deantes autorizó transferencias que se realizaron el 13 de julio de 2012 y el 29 de abril de 2013. *** José Manuel Torres Pérez, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, determinó que las declaraciones de Antonio Tarek fueron insuficientes para fincar responsabilidades a Gabriel Deantes. *** Cabe señalar que este asunto ya lo había ganado Deantes en el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que a difusión de su vinculación a proceso, habría tenido como fin desviar la atención sobre otros temas quizá más delicados, como la inminente liberación de Javier Duarte. *** La Secretaría de Salud reportó este lunes 77 nuevos decesos a causa de la Covid-19, por lo que la cifra de fallecimientos desde que inició la pandemia en el país aumentó a 289 mil 811. *** En el reporte técnico diario sobre el avance de la epidemia, las autoridades sanitarias registraron 810 nuevos casos confirmados, para llegar a un número acumulado de 3 millones 827 mil 596 contagios de la enfermedad provocada por el coronavirus. *** El domingo 7 de noviembre, la Secretaría de Salud aplicó 115 mil 337 vacunas contra Covid-19, para sumar un total de 128 millones 356 mil 362 dosis suministradas a nivel nacional como parte de la campaña de vacunación para controlar la pandemia, la cual arrancó el 24 de diciembre de 2020. *** El Gobierno federal reportó que 62 millones 264 mil 479 personas ya cuentan con esquema completo de vacunación con una o dos dosis, dependiendo el tipo de biológico aplicado; en tanto que 12 millones 688 mil 834 personas tiene medio esquema. En total se han inoculado a 74 millones 953 mil 313, que según la dependencia equivale al 84% de la población mexicana mayor de 18 años de edad.
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