Durante más de 15 meses Emilio Lozoya había sido el testigo consentido de la 4T, el testigo que estaba dispuesto a mentir y decir todo lo que el presidente quería escuchar: Que el gobierno anterior había sido el colmo de la corrupción, pero que gracias a Dios y a López Obrador todo eso había cambiado. Pero para sostener los dichos y acusaciones de Emilio Lozoya se necesitaban pruebas, pruebas que el delincuente confeso no tenía, y no las tenía porque él sólo dijo lo que el presidente quería escuchar; eso le permitió 15 meses en arresto domiciliario, cenas en el Hunan, tardes en los campos de golf y un lugar en las fiestas particulares de los amigos. Pero Lozoya tenía que presentar pruebas, y el plazo para presentarlas se le venció.
Por ello acudió al Reclusorio Norte ante el juez para pedir 60 días más de prórroga; sólo le dieron 30, sin embargo, sin que se lo esperara, la FGR que lo había mantenido protegido, pidió prisión preventiva para el imputado, que porque si podía salir a cenar pato pequinés al Hunan, entonces bien podría salir del país. Dice el periodista Raymundo Riva Palacio: «Gertz Manero y Juan Ramos, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, cabeza del caso Lozoya, le aplicaron lo mismo que le hicieron al exsenador Jorge Lavalle, otro imputado falsamente por el exdirector de Pemex, que no había de qué preocuparse porque era una audiencia para ampliar el plazo. La defensa de Lozoya fue engañada. Confió en el fiscal y su principal colaborador, sin saber que, por primera vez en 16 meses, no iban a estar del mismo lado, sino que habían saltado la verja».
Ese pato pequinés comenta una persona, le salió a Lozoya más caro que si se hubiera comido al Pato Donald.
Comentarios