Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
En Veracruz ya cantábamos victoria, y ya organizábamos el retorno masivo a las aulas. La realidad nos dio una sonora bofetada. *** La mañana de este martes, durante la conferencia de prensa del Presidente López Obrador, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell reconoció que el país vive un ligero repunte en la incidencia de casos de Covid-19, en especial debido a que seis entidades federativas tienen un incremento de casos. *** “En dos de ellas es un incremento muy sustancial y es la península de Yucatán, es Quintana Roo y Yucatán, hay un aumento importante de casos (…) También están al alza Baja California Sur y con menor intensidad, pero ya con cierto incremento, Campeche, Sinaloa y Veracruz”. *** Vaya desde este especio una disculpa sincera para el “zar contra el Covid-19”. En el caso de Veracruz, nuestro gobernador sigue en los festejos por los extraordinarios números conseguidos en el reciente proceso electoral, y poco tiempo le ha quedado para encabezar una nueva ofensiva contra el coronavirus. *** Le prometemos que la próxima semana, aunque sea con la cruda realidad encima, Cuitláhuac García saldrá a regañarnos por relajar nuestras medidas preventivas y, como por arte de magia, volveremos a los niveles mínimos de contagio.
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Fue la bandera que se enarboló en el 2018 para conseguir la más contundente victoria electoral en la historia de México. Han transcurrido tres años y la corrupción no sólo sigue ahí, sino que sigue creciendo.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), desarrollado por la organización denominada The Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks apunta que, por segundo año consecutivo, México disminuyó en su eficacia para combatir la corrupción.
“En los meses siguientes a las elecciones intermedias, será crucial vigilar si se mantiene la integridad de las instituciones independientes. El presidente y los integrantes de Morena han criticado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y al Instituto Nacional Electoral (INE) y podrían buscar reformas que afecten su autonomía”, se alerta en el reporte sobre México.
De igual forma, señala el apoyo que el presidente López Obrador ha dado a una iniciativa del Senado para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien anteriormente ha apoyado al presidente: “la medida suscita dudas sobre la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.
A partir de examinar 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco, el índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta entre los expertos anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado. Se considera que los países con una puntuación más alta (10 puntos) tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados.
En este reporte México aparece en el índice 2021 en la parte baja de la tabla de 15 países, sólo arriba de Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Los primeros lugares los ocupan Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú y Argentina.
México obtuvo una puntuación de 4.25 puntos en el índice 2021, comparado con 4.55 puntos en 2020 y 4.65 puntos en 2019.
“La puntuación de México descendió un 8 por ciento en la categoría de capacidad legal, donde ahora está situado sólo por delante de Venezuela y Bolivia en la variable que mide la independencia del fiscal general. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no se ha puesto en marcha, e incluso ha sufrido importantes recortes presupuestarios como parte de las medidas de austeridad. Esto contribuyó a un descenso del 13 por ciento en la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción. Falta transparencia tanto en la contratación pública durante la pandemia como en los fideicomisos, varios de los cuales han sido desmantelados y centralizados bajo el poder ejecutivo”, explica el informe.
Sobre el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación, México ocupa el quinto lugar en la región.
“A pesar de los ataques retóricos de AMLO a las ONGs, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción sigue siendo fuerte. México también experimentó aumentos en las dos variables que miden el uso de las comunicaciones digitales y las redes sociales y la calidad de la prensa”, puntualiza.
Desde la óptica del Presidente de México, estos resultados deben ser culpa de esa clase media aspiracional, que le apuesta a viejas reglas como aquella de que “quien no transa, no avanza”, y a la mala imagen que dan de México hacia el exterior los medios de comunicación aliados de los conservadores.
En fin, sigamos apostando al orden mesiánico.
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Epílogo.
Fue el primero en levantar la voz contra las irregularidades que, según el candidato de su partido Alberto Silva Ramos, se habían cometido en la elección por la alcaldía de Tuxpan y desde la capital del país amagó con romper la alianza con Morena, si no se corregían los abusos cometidos en aquella elección. *** Manuel Velasco Coello, actual coordinador de la bancada del Partido Verde en el Senado, recibió pronta respuesta a sus amenazas: Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestra que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, da seguimiento a “operaciones irregulares” realizadas entre 2019 y 2020, por más de 500 millones de pesos en el gobierno de Chiapas, justo durante el mandato de Manuel Velasco Coello. *** La bancada del Partido Verde en el Senado acusó que el SAT está siendo utilizado como “herramienta de presión política”. Mientras tanto, en Tuxpan, Alberto Silva inició el proceso judicial de impugnación de la elección que, según el OPLE Veracruz, ganó el candidato de Morena, José Manuel Pozos Castro. *** El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya se metió al pleito mediático entre el Presidente López Obrador y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez por la construcción de un alto edificio cerca del centro histórico. *** La institución del gobierno federal informó que en ningún momento se ha ingresado la solicitud para la construcción de dicho inmueble, aunque admitió que el predio en donde se construye el edificio se localiza fuera del perímetro de monumentos históricos, por lo que el INAH no tiene la facultad legal de autorizar o regular obras en esa zona. *** Para no quedar mal con su jefe, el Presidente, en un comunicado el INAH aclara: “No obstante, compartimos el punto de vista del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de buscar las vías para detener y corregir esa construcción inadecuada y aparatosa. Desde el Instituto, en diversas ocasiones se ha manifestado y ahora se reitera el rechazo por la afectación del paisaje urbano del histórico Puerto de Veracruz, dado que la altura y volumetría de ese edificio implican una afectación grave al contexto histórico-arquitectónico inmediato y, en particular, al Faro de Venustiano Carranza, edificación de gran valor patrimonial, que sirve como hito referencial para identificar el paisaje y la singularidad del puerto”. *** A propósito del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez no acudió al llamado del juez de control de Pacho Viejo, para informarle de la denuncia en su contra por el presunto uso de documentos falsos. *** Con seguridad alegará que no le llegó el comunicado oficial, pues insiste en hacer creer que él no vive en El Conchal municipio de Alvarado, donde se ubica a residencia del Clan Yunes.
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