Aurelio Contreras Moreno / Este lunes, los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, sostuvieron su primera reunión bilateral a distancia en la que abordaron varios temas de la agenda conjunta de ambos países, mismos que fueron expuestos de manera general en la declaración conjunta emitida por los dos gobiernos.
De especial relevancia resulta el apartado de dicha declaración denominado “Cooperación bilateral contra el cambio climático”, en el que ambos mandatarios “destacaron la importancia de enfrentar la crisis climática y acordaron explorar áreas de cooperación”.
En el comunicado se señala además que “los líderes reconocieron los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración, así como la necesidad de promover la eficiencia energética. Además, discutieron maneras de trabajar juntos en aras de alcanzar un resultado exitoso en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático organizada por los Estados Unidos y a celebrarse el 22 de abril de este año”.
Todo esto sonaría a un intercambio y toma de acuerdos sensato y acorde con las necesidades de los tiempos que corren y los que vendrán en materia de generación de energía y sustentabilidad ambiental. Empero, en México el discurso y las acciones hacia el interior van en sentido completamente inverso al de lo hablado con el gobierno estadounidense. Por lo menos, públicamente.
Un día después de esta declaración, en el Senado de la República se ratificó sin modificación alguna la nueva Ley de la Industria Eléctrica que condena a México a depender de la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -que atraviesa por una de sus peores etapas en cuanto a eficiencia y productividad, gracias a la infame dirección de Manuel Bartlett Díaz- y relega y casi bloquea por completo el uso de energías limpias.
Uno de los puntos más polémicos de la nueva –y al mismo tiempo arcaica- ley es la eliminación del criterio económico para el despacho de la electricidad. Esto es, no importando el precio, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), deberá dar prioridad a la energía generada por las hidroeléctricas de la CFE. En segundo término, a la de combustibles fósiles como el carbón. Y al final, a la eólica, solar y de ciclo combinado de generadores privados.
Además, abre la puerta para que las plantas más viejas y contaminantes de la CFE accedan a los Certificados de Energía Limpia (CEL), pues la decisión no tomará en cuenta la antigüedad de dichas generadoras de energía. Y claro, la tomará el gobierno de la “cuarta”.
La “justificación” de las autoridades del sector -apoyada por supuestos académicos a los que sus universidades deberían retirarles sus grados por sostener tamañas estupideces- es que las energías limpias como la solar o la eólica son “intermitentes”, pues ¡de noche no sale el sol y no siempre corre el viento! “Explicación” tan colosalmente idiota que hasta parecería que se trata de un chiste.
Pero están hablando en serio. O por lo menos, simulan que no saben que existen mecanismos de almacenamiento de energía que en países como Dinamarca –con todo y que es una potencia petrolera- permiten que varios días al año sus industrias y sus hogares se alimenten exclusivamente de fuentes de energía renovables.
Es impensable que en el gobierno de Biden no supieran lo que iba a suceder en el Congreso mexicano con la reforma de ley impulsada directamente por López Obrador. Y por ello cobra mayor relevancia la iniciativa presentada este mismo martes 2 de marzo, un día después de la reunión, por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en materia ambiental.
El proyecto de Ley de Liderazgo Climático y Acción Ambiental para el Futuro de nuestra Nación (CLEAN, por sus siglas en inglés) tiene entre sus objetivos la producción de 80 por ciento de electricidad limpia para 2030 y la total “descarbonización” de su red eléctrica para el año 2035, estableciendo estos porcentajes como un estándar para las ventas minoristas en ese país.
La propuesta de ley, que retoma muchas promesas de campaña de Biden, se plantea incluso que la economía de los Estados Unidos esté totalmente “descarbonizada” para el año 2050.
Pero como en México lo único que cuenta para quienes hoy gobiernan es hacer negocios a la “antigüita”, el medio ambiente y el futuro del país les vale madre. ¡Que se carbonice! Literal.
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