Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Apenas la semana pasada la magistrada Isabel Inés Romero Cruz presentó un apresurado e incompleto informe anual de labores de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. *** En virtud del breve lapso transcurrido desde que ella fue impuesta en el cargo, en su discurso buscó resaltar las ineficiencias detectadas en el Poder Judicial del Estado (en un afán de justificar la salida de su antecesora) y planteó la necesidad de acabar con añejos vicios que aquejan a esa institución. *** Consultados sobre el tema, juristas de prestigio coincidieron en que se requiere de un Poder Judicial capacitado, pues en la actualidad son contados los casos de magistrados que se mantengan al día en las nuevas tendencias del derecho. *** “Necesitamos magistrados capacitados correctamente dentro de los nuevos debates probatorios, darle preeminencia al razonamiento probatorio, darle su valor a la prueba científica, y cuál es el alcance de la misma; detectar cuál es la prueba ofertada cuyo cimiento es ciencia basura y cómo detectarla”, expresó el doctor Tomás Mundo. *** Otro factor esencial es que el Poder Judicial no debe ser agencia de colocaciones para que gente sin capacidad ni experiencia tome decisiones legales. *** Se debe trabajar para evitar que se repitan casos como el de Esmeralda Ixtla, que nombraba jueces sin importar que carecieran de la mínima experiencia judicial, pero que obedecían a sus intereses. *** El ejemplo más claro de ello fue el caso del juez Alejandro Rodríguez Mejia, a quien nombraron para que ordenara el desalojo de una ancianita de 87 años, doña Luchita. *** Esmeralda Ixtla siguió protegiendo a Rodríguez Mejía, luego de que fue denunciado por actuar como juez a pesar de que no cumplía los requisitos. Fue “escondido” en un juzgado digital y finalmente optó por renunciar. *** Esmeralda Ixtla desechó la queja interpuesta y en la vía del amparo, tuvo que ser el Poder Judicial Federal el que enmendara la página a la justicia veracruzana. *** El Consejo de la Judicatura deberá argumentar, razonar y emitir un fallo para sustentar porqué nombraron sin sustento legal a ese juez. Esa respuesta debe darse en los próximos días.
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La primera de las –al menos- tres denuncias que habrán de ser presentadas contra los responsables del manejo fraudulento de las Ciudades Judiciales, ya fue turnada a la Fiscalía Anticorrupción.
“Por instrucciones de la Lic. Verónica Hernández Giadáns, Fiscal General del Estado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 fracción I y 246 fracciones IV y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, envío a usted para los efectos legales procedentes, el escrito de fecha 11 de noviembre del año en curso y sus anexos, signado por el Lic. Tomás Mundo Arriasa, mediante el cual presenta denuncia en contra de la persona mencionada en el ocurso de referencia, por hechos que pudieran ser constitutivos de delito”.
El oficio FGE/OF/10947/2020 es dirigido a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Clementina Salazar Cruz.
Esta semana que inicia habrá de ser presentada una segunda denuncia, en la que son señalados, por su presunta responsabilidad, los magistrados Edel Álvarez Peña, Andrés Cruz Ibarra, Irma Dinorah Guevara Trujillo y Pedro Luis Reyes.
En diversas etapas de la denuncia aparecen mencionados, la consejera Carla Rodríguez González, la que fuera secretaria de Acuerdos del Consejo de Judicatura, Esmeralda Ixtla Domínguez; el exdirector de Administración, Humberto Rodríguez Losilla (ya señalado en la primera denuncia), y Jesús Obeso Martínez, que fuera subdirector de Recursos Materiales.
Otros involucrados en este millonario fraude, son Laura Elena Vega Martínez, Jefa de Adquisiciones; Carlos Abdalá Cárcamo, Subdirector de Recursos Financieros; Hugo Francisco Vera, Jefe de Infraestructura y Obra; Elvis Viveros Arroyo, titular de Recursos Materiales; Mario Berlín Mendoza, Director de Asuntos Jurídicos; Carlos Arturo Lara, Director de Administración; el proyectista Ofir Aly Gutiérrez Ponce, y la excontralora Yendi Alejandra Sampieri de la Vequia.
Aquí va una pequeña muestra de las inconsistencias detectadas y que son explicadas a detalle (con la documentación de respaldo) en la denuncia que habrán de presentar los abogados que encabeza el doctor Tomás Mundo Arriasa:
El 22 de julio de 2017, el Poder Judicial celebró un convenio con la empresa Grupo Wall Arquitectura y Diseño, (representada por Héctor de Leo López), para el diseño del proyecto arquitectónico del Edificio de los Juzgados y Salas de Juicios Orales y del proyecto denominado Construcción, Conservación y Mantenimiento de Edificios de 17 ciudades judiciales.
Los importes convenidos hicieron un total de un millón 985 mil 688 pesos y se agrega al documento que los pagos podrían ser a cargo del Poder Judicial o bien por el concursante ganador en su caso.
Dicho convenio, sin embargo, no se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas; careció de los alcances de los trabajos a desarrollar; no contiene la autorización del Comité de Obra Pública y tampoco había presupuesto disponible para su celebración.
Además: La empresa Grupo Wall Arquitectura y Diseño no estaba inscrita en el Padrón de Proveedores del Poder Judicial, no presentó constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales y tampoco opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, contraviniendo con lo estipulado en el Código Financiero para el Estado de Veracruz.
Al acordar entre las partes que los pagos podrían ser a cargo del Poder Judicial o por el concursante ganador, se incentivó a que Grupo Wall Arquitectura y Diseño pudiera involucrarse en el proceso de licitación con las empresas participantes, lo que provocó que no se desarrollara dicho proceso con transparencia y legalidad.
Este es sólo uno de los convenios y contratos firmados por el Poder Judicial para la creación de las llamadas “ciudades judiciales”, procedimiento en el que están en juego más de cinco mil 100 millones de pesos.
El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) realizó la “auditoria de legalidad al proceso de contratación de Asociaciones Público Privadas en la modalidad de concesión para llevar a cabo la construcción, equipamiento y mantenimiento de las ciudades judiciales realizadas por el Poder Judicial del Estado de Veracruz”, y advirtió que, de las 9 observaciones hechas, 7 no fueron solventadas y 2 fueron “solventadas parcialmente”.
Hay elementos suficientes para actuar penalmente contra magistrados, consejeros, servidores públicos y hasta diputados. Ante la contundencia de las pruebas, no habrá blindaje político que valga.
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Epílogo.
La Iglesia Católica y los gobiernos de Morena caminan, prácticamente en todos los temas, en sentido contrario. Han chocado en temas como el aborto y los matrimonios entre personas del mismo género. Ahora, la polémica está en la legalización del consumo de marihuana. *** En su comunicado dominical, la arquidiócesis de Xalapa que este tipo de leyes no resuelven los problemas de fondo de nuestro país. “La legalización de la marihuana no garantiza de ningún modo que disminuirá la violencia, al contrario ahora se pone en riesgo la paz social y la tranquilidad de las familias”. *** Y va más allá: “Aprobar una ley para que la gente se drogue y altere su conciencia, se vuelva adicta, pierda la brújula, la paz, la salud y el sentido de su existencia, no contribuye en nada a mejorar la sociedad (…) Promover la marihuana es promover una falsa salida. La gente se droga para evadir su realidad porque vive un gran vacío existencial. La solución a esta situación no está en lanzar a la gente a una evasión que le dejará graves consecuencias, sino en ayudarle a encontrar sentido a su existencia”.
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