Hace un mes, justo el 17 de octubre de 2020, la revista Proceso informaba que una conversación entre Salvador Cienfuegos con un líder de un cartel del narcotráfico era la prueba contundente en contra del exsecretario de la Defensa Nacional: «Una grabación en poder de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de una conversación telefónica entre el general Salvador Cienfuegos Zepeda con presuntos líderes de una organización del crimen organizado, es la prueba central en poder del gobierno de Estados Unidos para acusar de narcotráfico y lavado de dinero al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena)».
El mismo López Obrador en una de sus conferencias mañaneras declaró: «No se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores, operadores, no es sólo la llamada, si es que se dieron las llamadas o la comunicación entre el general y el jefe de la banda, tenían que haberse mencionado nombres, tenía que haber otra gente involucrada». ¿Qué hay de esas pruebas en contra del general? Pruebas que fueron tan contundentes como para que un juez de los Estados Unidos girara una orden de aprehensión en contra de un general de alto rango en el gobierno de México.
Esas pruebas las va a desestimar también el gobierno mexicano. El presidente López Obrador declaró también: «Si hay alguien señalado y se le demuestra de que participó en un acto de vinculación con el narcotráfico no puede ser funcionario, y si se trata del Ejército y está en activo tiene que ser retirado y puesto a disposición de la autoridad competente». Pero Salvador Cienfuegos, una vez que llegue a México, será un ciudadano libre, a pesar de las pruebas en su contra.
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