¿Y las actas de Cabildo?

Actas
¿Y las actas de Cabildo? FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio.

Hay quienes se niegan a admitirlo, pero tan severa o más que la pandemia del Covid-19, se nos viene la crisis económica. *** Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que, con base en las estimaciones de diversos analistas que anticipan una caída de la economía nacional de entre -6.5% hasta -10%, el resto del año y parte del 2021 “lucen complicados”. *** El líder de los banqueros dijo que no se puede esperar que una economía que dura cerrada cuatro meses, empiece a reactivarse de forma inmediata. *** Explicó que el principal motor de la economía, que es el consumo, no se ha reactivado a pesar de que ya estamos a la mitad del mes de junio. *** “Anunciaron que el primero de este mes iniciaba la reapertura y estamos a 17 de junio y seguimos en semáforo rojo en muchas partes de la República, entonces no hay esa reactivación tan rápida como la esperábamos”. *** Sobre las exportaciones, Niño de Rivera mencionó que aunque será importante la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, nuestro país va más lento en la apertura de algunas industrias, además de que hay reglas que aún no se definen. *** “Dependiendo lo que pase con esas dos actividades, tendremos mayor o menor recuperación este año y mejor perspectiva para el año que viene, pero los próximos 18 meses se ven muy difíciles”, enfatizó.

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A partir de la medición de fuerzas entre el gobierno estatal (Morena) y los partidos opositores (PRI, PAN y PRD, especialmente) para impulsar unos y detener otros, las reformas en materia electoral promovidas por la bancada de Morena, se ha desatado un debate que pareciera ocioso, pero que pinta en toda su dimensión el interés que tienen ambas partes por imponer su postura.

El coordinador de la bancada mayoritaria en el Congreso local (y, por lo tanto, Presidente de la Junta de Coordinación Política) Juan Javier Gómez Cazarín, salió la semana pasada a las redes sociales para celebrar que se habían conseguido más de las 107 actas de Cabildo aprobando las reformas, que requerían para que dichas modificaciones a la Constitución local se pudieran promulgar.

Sin embargo, los partidos de oposición -que en conjunto superan ampliamente el número de ayuntamientos que gobierna Morena- pusieron en duda las palabras del legislador y de manera formal acudieron a la sede del Poder Legislativo para pedir que se les entreguen copias de esas más de 107 actas que dice el coordinador de Morena que les favorecen.

Ante la falta de respuesta de la Legislatura a esta petición, no faltó quien sugiriera, como un camino más sencillo, que los dirigentes partidistas buscaran con los alcaldes que militan en sus filas, las copias que les regatea el Congreso y hasta se aventuraron a plantear que tienen tan poco control de sus alcaldes, que esa opción les está vedada.

Pasan por alto que para conseguir la aprobación de ayuntamientos cuya filiación es contraria a Morena, los operadores del gobierno estatal tuvieron que recurrir a las más diversas formas de presión; desde la revisión “exhaustiva” de sus informes de Cuenta Pública (el Orfis como brazo ejecutor), hasta la limitación de recursos estatales o federales para sus municipios, por mencionar las más utilizadas.

Esta medición de fuerzas entre Morena y la alianza opositora asemeja a una partida de poker, en la que dos jugadores insinúan que tienen el mejor juego, pero sólo uno de ellos, el que más puja, es el obligado a mostrar sus cartas.

En materia de Derecho esto se conoce como “la carga de la prueba” –“onus probandi” para los que llevaron Latín en la escuela- y en esencia se establece que quien afirma hechos está obligado a probarlos.

Por tanto, si la bancada de Morena en el Congreso local dice tener en su poder más de 107 actas que respaldan la reforma, ya tendrían que haberlas mostrado. La oposición sugiere que desde el gobierno estatal decidieron lanzar ese bluf (según la Real Academia de la Lengua, “fanfarronada, acción intimidatoria hecha por quien no cuenta con los medios para cumplir su amenaza”) para convencer a los ayuntamientos indecisos.

El tema se habrá de tratar el próximo lunes 22 de junio a las 5 de la tarde, cuando se lleve a cabo la próxima sesión ordinaria del Congreso local.

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Epílogo.

La Secretaría de Salud reportó este miércoles 4 mil 930 nuevos contagios de Covid-19 en todo el país, para dar un total de 159 mil 793 casos confirmados en México, mientras que la cifra de fallecidos ascendió a 19 mil 080, tras notificarse 770 muertes más respecto a las registradas ayer. *** Y si en el país la pandemia luce implacable, en Veracruz estamos peor. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó este miércoles que la curva epidemiológica de Covid-19 en Veracruz “excedió predicciones y presenta exceso en la ocupación de terapia intensiva”. Indicó, sin embargo, que ya se llegó al pico de contagios. “Vemos un patrón descendente, todavía no muy claro. Hay descenso. Había llegado muy claramente al punto máximo de acuerdo con lo que se había predicho (…) Vemos exceso en las terapias intensivas”. *** Consecuencia de un mal asesoramiento jurídico, el Congreso de Veracruz se metió en un serio problema. Ya habíamos comentado ayer que la Sala Regional del Trife revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) sobre la sucesión municipal en Actopan. Eso no es todo. Ahora fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que ordenó “suspender de manera inmediata”, la ejecución de la resolución del Congreso de Veracruz. *** Se refieren a la resolución del 4 de marzo en la que se dispuso que se separaran de sus cargos a José Paulino Domínguez Sánchez (Presidente Municipal de Actopan) y a Lucero Jazmín Palmeros Barradas (Síndica), quienes deberán ser reinstalados en sus cargos “hasta en tanto no se resuelva de manera definitiva la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Actopan en contra de los actos del Congreso, por constituir, probablemente, una injerencia indebida en la autonomía municipal”. *** Con esta disposición, los exfuncionarios municipales no sólo recuperan sus cargos, sino que retoman el fuero constitucional y, por lo tanto, los procesos penales a los cuales se encuentran sujetos deben ser suspendidos, con lo que la Síndica deberá ser puesta en libertad. ¡Vaya lío!

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