Los diputados y la Iglesia

Iglesia
Los diputados y la Iglesia FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodíguez / 

Prefacio.

No suena nada bien, para quienes presumen que han avanzado en el combate a la impunidad, que a plena luz del día se atente contra una persona que está siendo protegida por esas mismas autoridades. *** Ese es el caso de Fernanda de Luna Ferral, hija de la fallecida periodista Maria Elena Ferral. *** La joven viajaba desde Poza Rica con destino a Xalapa en un automóvil sedán, cuando desde otro vehículo se le emparejaron y dispararon contra ella. *** El atentado ocurrió a la altura de la comunidad La Galeana, del municipio de Gutiérrez Zamora. Se entiende que los agresores la seguían desde que salió de Poza Rica, en una camioneta tipo Suburban color negro. Intentaron interceptarla, pero el personal de seguridad que la acompañaba lo impidió, por lo que se inició el intercambio de disparos y una persecución. *** Fernanda de Luna, directora del portal informativo “Quinto Poder” y quienes la acompañaban se refugiaron en un paraje que conduce al puente de Barriles, desde donde pidieron auxilio a las fuerzas de seguridad de la región. *** Por fortuna todos resultaron ilesos, aunque el vehículo en el que viajaban muestra varios impactos de bala. *** ¿Cuál será, ahora, el argumento?

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Lo dijo en su momento, el Papa Benedicto XVI: “Ir contracorriente y resistir a los ídolos de la sociedad contemporánea forma parte de la misión de la Iglesia”.

En realidad lo que planteó el sacerdote José Manuel Suazo Reyes no fue nada extraordinario. Fue la expresión casi unánime de la sociedad veracruzana: que no se designe como Fiscal General de Veracruz a una persona improvisada, o producto de la recomendación de quienes están en el Poder.

Las palabras del vocero de la Arquidiócesis de Xalapa fueron claras: “Un fiscal general debe reunir algunas características importantes: contar con una sólida formación académica, conocimiento profundo del nuevo sistema penal acusatorio; se requiere profesionalismo con base en las exigencias del nuevo modelo, sin duda es también relevante que tenga prestigio, honradez, cuya conducta sea de transparencia y eficacia ante la creciente demanda de justicia de parte de la sociedad”.

¿Hay algo indebido en su planteamiento?

No, por supuesto. Pero sus palabras provocaron una reacción desmedida por parte del Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín:

“Le recomiendo al Padre Suazo que se dedique a cuidar a los feligreses y a dar La Palabra; que a nosotros, los legisladores, nos deje las situaciones políticas del Estado, estamos trabajando en eso, en lo que la Constitución nos permite”, expresó el legislador.

En su comentario sobre la designación del nuevo Fiscal, el padre José Manuel Suazo también cuestionó el procedimiento que se está siguiendo:

“Llama poderosamente la atención que la convocatoria no la hizo la presidencia de la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso, sino la Junta de Coordinación Política de los diputados. El procedimiento parece evidenciar nuevamente fallas jurídicas que podrían ser tomadas en cuenta más tarde y que cuestionarían el propio nombramiento”.

Para eso también tuvo respuesta Gómez Cazarín:

“Por eso le digo a Suazo (que) tiene que dedicarse a los asuntos de su religión, porque si lo desconoce, aprovecho para explicárselo, el Pleno de 50 diputados aprobó en una sesión ordinaria que la Junta de Coordinación Política fuera la que hiciera la convocatoria, ya que si estamos llamando a un nuevo fiscal es porque el que se fue no renunció, lo separamos”.

De paso, el legislador le recordó al sacerdote que la Constitución Política de México, en su Artículo 130 establece el principio de separación del Estado y las iglesias, “por lo que debería tener claro que los ministros de culto no deben asociarse con fines políticos”.

Suazo Reyes acusó recibo de las declaraciones del coordinador de la bancada de Morena y respondió:

“Los asuntos públicos no son propiedad de ninguno, no son propiedad sólo de los políticos, los partidos o los diputados, ellos son servidores públicos, a quienes incluso la sociedad les debe exigir cuentas y exigir resultados. Me extraña mucho que haya hecho este comentario, porque además cita el Artículo 130 que en el caso nuestro, efectivamente reconoce que la Iglesia y el Estado son dos instituciones separadas en cuento a sus funciones, naturaleza y fines que persiguen. Sin embargo, dicho artículo no me impide a mi, como sacerdote, expresar algún comentario sobre asuntos públicos”.

La sensibilidad de los representantes de Morena ya se había hecho sentir, cuando el mismo vocero de la Arquidiócesis de Xalapa cuestionó la reforma en materia electoral que impulsó la bancada mayoritaria en el Congreso local. En esa ocasión fue el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, quien salió a cuestionar lo dicho por el sacerdote:

“Tengo la impresión de que (Suazo) está desinformado o quiere politizar un tema que no le corresponde (…) es delicado que concluya en temas electorales, sobre todo cuando en el gobierno estamos abiertos a informar de los alcances de una reforma que reduce la burocracia electoral y que entonces esos recursos se destinen a la atención a salud”.

Casualmente, Éric Cisneros y Gómez Cazarín han sido señalados de estar operando para favorecer la designación de la actual encargada del despacho, Verónica Hernández Giadans, como Fiscal General del Estado, a pesar de su inexperiencia y sus conocidos vínculos con la delincuencia organizada.

Del mismo Papa Benedicto XVI: “La lucha por la libertad de la Iglesia, la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política, hay que librarla en todos los siglos. En efecto, la fusión entre fe y poder político siempre tiene un precio: la fe se pone al servicio del poder y debe doblegarse a sus criterios”.

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Epílogo.

Autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) informaron que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus Covid-19 aumentó a 68 mil 620 en todo el país. Los casos confirmados activos del virus se ubican en 14 mil 247 y los sospechosos acumulados en 28 mil 931. En tanto, otros 121 mil 613 han dado negativo y un total de 219 mil 164 personas han sido estudiadas en el país. *** El titular de la Dirección de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, señaló que la Ciudad de México y el Estado de México continúan por mucho como las entidades más afectada con el mayor número de casos activos en el país, le siguen Tabasco, Baja California, Puebla y… Veracruz. *** Para que la reforma a la Constitución local, en materia electoral, se concrete, requiere de la aprobación de al menos 107 ayuntamientos de la entidad. Cada uno de los 212 municipios debe convocar a sesión de Cabildo en la que se vote si se aprueba o no dicha reforma. Este trámite se tiene que realizar en un plazo de 30 días, y en el caso de los ayuntamientos que no respondan, su omisión se considerará como “voto a favor”. *** Es por eso que llama la atención lo declarado por el dirigente estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien comentó que ningún ayuntamiento panista recibió la semana pasada la reforma electoral para someterla a votación. “Esto expone la intención de pasar por alto a los gobiernos municipales”, expresó. *** Todas estas irregularidades, bien documentadas, provocarán que dicha reforma sea invalidada por la Suprema Corte.

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