Este particular también investigó que la cotización real de este tipo de vehículos blindados es de tres millones de pesos por unidad, por lo que deduce que existe un probable daño patrimonial por cuatro millones de pesos por parte de estos supuestos delincuentes organizados. Este ciudadano pide que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a estos sujetos para que se determine si hubo o no un daño patrimonial para el estado de Veracruz.
Cabe señalar que hace unos días la encargada de despacho de la FGE se anotó para buscar la titularidad de la institución de la que es encargada de despacho. Se sabe que la señora tiene otras demandas que responder, además de los señalamientos que la vinculan con su prima, quien es reconocida miembro del crimen organizado.