Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Ya los implicados estaban advertidos: Si Javier Duarte se decide a hablar, muchos saldrán perjudicados. *** El exgobernador de Veracruz declaró el pasado sábado, durante una audiencia con un juez de control, que su partida a Guatemala no fue una huída planeada por él, sino que acató las instrucciones que le hizo llegar el entonces Presidente, Enrique Peña Nieto, a través de quien encabezaba la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. *** Por ese motivo, la organización civil “Tojil: Estrategia contra la Impunidad”, que presentó una denuncia penal por las posibles irregularidades en el proceso contra Javier Duarte, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal investiguen a fondo esos presuntos acuerdos con la administración de Peña Nieto. *** La organización Tojil presentó a la Unidad de Asuntos Internos de la FGR un escrito para que se incluya como prueba, dentro de la carpeta de investigación abierta por su denuncia, el video de la audiencia judicial realizada el sábado pasado, donde el exgobernador reveló cada uno de los supuestos pactos con el gobierno federal. *** La FGR se ha negado a reconocer la calidad de “víctima” a la organización civil, lo que ha obligado a los denunciantes a buscar un amparo. El próximo jueves un Tribunal federal resolverá de forma definitiva si la organización puede participar en la indagatoria de las presuntas anomalías en el caso de Javier Duarte. *** El exgobernador de Veracruz señaló que llegó a una serie de arreglos, peticiones y pactos que propiciaron los acontecimientos ocurridos desde su renuncia, hasta la condena que él mismo aceptó de nueve años de prisión. *** Según Duarte, en una reunión privada con Osorio Chong, en la primera semana de octubre de 2016, a dos meses de que concluyera su mandato como gobernador de Veracruz, éste le comunicó una “instrucción” del presidente Enrique Peña Nieto para que pidiera licencia al cargo de gobernador, con la finalidad de propiciar una transición “tersa” en la entidad con el entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes. *** El 13 de octubre de 2016, un día después de pedir licencia, recibió una llamada de Gobernación que le alertaba que debía irse de su casa y de la entidad. El exgobernador acató la instrucción y se trasladó Chiapas, desde donde cruzó a Guatemala. *** Duarte sostuvo que entre finales de 2016 y principios de 2017 sus abogados negociaron con la Secretaría de Gobernación y con el titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, su entrega voluntaria en Guatemala a cambio de que no se persiguiera a su familia. *** Javier Duarte aceptó que su entrega se simulara como una detención exitosa y que aceptaría sin pelear la extradición. El exgobernador considera que el gobierno federal “cumplió con el pacto”, aunque ahora ha decidido revelarlo pues asegura que es inocente. *** Hay otros actores en esta historia de traiciones en los más altos niveles de la política mexicana, cuyos nombres podrían salir a la luz muy pronto.
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Es un tema de gran sensibilidad social. Como ejemplo, baste decir que de los dardos lanzados por Miguel Ángel Yunes Linares contra Javier Duarte, el más doloroso, el de mayor impacto entre la sociedad, fue aquel embuste de que se les había suministrado agua oxigenada, en lugar de medicamento, a niños enfermos de cáncer.
El entonces secretario de Salud del gobierno federal, José Narro, salió a desmentir el dicho, pero hasta la fecha hay quienes dan por cierta la versión propalada por Yunes Linares.
La salud pública es un asunto que afecta las cuerdas más sensibles del ser humano, y cuando esta se pone en riesgo debido a la negligencia de los funcionarios de ese sector, el gobierno enfrenta verdaderos problemas.
Después del sector educativo, el de salud ha sido quizá el que mayor saqueo ha sufrido en las últimas dos décadas. Son las áreas a las que se aplica mayor presupuesto y los controles para su justa aplicación no son todo lo rigurosos que deberían ser.
El actual gobierno estatal ha externado su preocupación por las condiciones en las que operan los centros de salud pública y ha destinado importantes recursos para tratar de corregir lo que descompusieron pasadas administraciones.
El problema es que, mientras el discurso es de enorme compromiso y sensibilidad, los hechos muestran todo lo contrario, y hay dos casos en los que ha quedado demostrado que no hay compromiso ni empatía con la salud de los veracruzanos: el crecimiento exponencial de casos de dengue y el recurrente deficit en la dotación de medicamentos para pacientes de cáncer.
Justo este último tema fue el que provocó que decenas de padres de familia salieran a las calles a reclamarle al gobierno la dotación de los medicamentos que mantienen con vida a sus hijos.
El secretario de Salud del gobierno estatal, Roberto Ramos Alor, no dio la cara. Los quejosos fueron atendidos por el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, quien admitió que desde hace seis meses fueron informados sobre el desabasto de medicamentos oncológicos.
Éric Cisneros se comprometió a dotarlos de una pequeña cantidad de dosis de medicamentos para quimioterapias “el próximo viernes”, pues argumentó que los cargamentos con medicinas están atorados en Brasil.
Negligencia, incapacidad, falta de experiencia en administración de la salud pública… o corrupción.
Algo grave está pasando en el sector salud y es necesario que Cuitláhuac García le dé solución.
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Epílogo.
Es algo que se veía venir. Pedro Benítez Domínguez ha sido un recurrente operador financiero de gobiernos y políticos emanados del PAN. Este martes el ayuntamiento de Actopan le notificó al presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, que Pedro Benítez fue inhabilitado para la función pública por un año, además de que enfrenta un proceso penal por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. *** En el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CI/02/2018, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Actopan dispuso girar los oficios correspondientes a fin de que se proceda a la inhabilitación por un año de Pedro Benítez. *** Sobre esta medidas fue informado el Congreso del Estado para que se ratifique que no puede seguir desempeñando el cargo de tesorero municipal de Tuxpan. Esta es tan solo una muestra del cochinero que tiene la actual administración municipal tuxpeña. *** Y a propósito de servidores públicos inhabilitados, llama la atención que sea hasta ahora, un año después de que se denunciaran las irregularidades en esa área, que se haya procedido contra el director administrativo del DIF estatal, Héctor Fernando Ruz Santamaría. *** Pero más extraño es que haya sido inhabilitado por 3 años por la Contraloría General del Estado (CGE), por un procedimiento disciplinario administrativo instruido en su contra en el 2018, cuando fungió como Director General de Infraestructura Urbana, en la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares. *** ¿Quién lo incorporó a la 4T? ¿Cuántos procedimientos se le iniciaron por las violaciones a la Ley durante su paso por el DIF? ¿Quién es –o era- su padrino?
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