Bernardo Gutiérrez Parra / Y no, no hubo Noche de Reyes para él. Este sábado y tras una audiencia que se prolongó por casi siete horas, el juez federal Juan Carlos Ramírez Benítez, desechó los argumentos de la defensa para que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa siguiera su proceso en libertad condicional o en prisión domiciliaria, al manifestar que cuenta con relaciones personales muy sólidas, además de recursos económicos y materiales para huir del país.
La defensa alegó que Duarte ya había arrendado un departamento por 25 mil pesos mensuales en la Ciudad de México, a fin de llevar el proceso desde ese domicilio y para estar al pendiente de los requerimientos del juez. Pero de ahí se agarró Ramírez Benítez para manifestar que el arrendamiento del depa muestra que Javier conserva relaciones con las cuales puede evadir a la justicia.
Y el ex gobernador se quedó encerrado.
Pero no será por mucho tiempo.
Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero; delitos risibles que nada tienen que ver con el dineral que presuntamente robó al erario veracruzano. Su sentencia está corriendo desde abril del 2017 en que fue detenido por la policía guatemalteca, por lo que podrá salir en libertad al cumplir la mitad de su condena. Es decir, en octubre del 2021.
Ajá, okey, está bien, pero ¿y el dinero?
No pues el dinero ya se perdió.
Lo que en un principio era saber dónde quedaron los miles de millones de pesos que presuntamente se robó este sujeto, pasó a un segundo término cuando sus abogados se fueron por el lado de las inconsistencias en el debido proceso y las supuestas amenazas y presiones que recibió su defendido.
Duarte presentó su renuncia el 12 de octubre del 2016 señalado de un desvío de recursos que oscila entre los 22 mil y los 44 mil millones de pesos. El tipo huyó, lo pescaron en Guatemala y lo extraditaron, pactó un juicio abreviado con las autoridades mexicanas y fue condenado a nueve años de prisión. Pero el asunto no quedó en eso porque se inconformó, alegó que lo amenazaron con atentar contra su familia si no se declaraba culpable y apeló la sentencia.
Y se la apelaron al señor.
El pasado viernes 20 de diciembre los magistrados del Primer Tribunal Colegiado publicaron la sentencia emitida desde el 5 de diciembre, en la que le concedieron un amparo para que un juez de control del Reclusorio Norte, diera trámite a la apelación que gestionó contra la resolución del 26 de septiembre de 2018, en la que se le declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Este sábado 4 de enero se llevó a cabo la audiencia y el juez Ramírez Benítez ordenó que Javier siga en el Reclusorio Norte.
Ok, pero insisto ¿y el dinero? Oh chingá, el dinero ya bailó; no regresará a la entidad y jamás lo verá la paisanada. Una parte de esa formidable fortuna será para pagar a sus abogados, otra fue para sus cómplices. Lo demás, el grueso de la billetiza, es para el ganador: Javier Duarte de Ochoa. También para que sus familiares se den la gran vida a costa de los veracruzanos a los que esquilmó este sujeto.
No cabe duda, estuvo bien planeado el gran atraco a Veracruz.
Pérez Astorga y el FORTASEG
El primer día de este año el senador Ernesto Pérez Astorga dijo una verdad de a kilo: “Los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios (FORTASEG) lo utilizan los alcaldes hasta para pagar a luz. No digo que se estén robando el dinero, sino que lo usan para pagar la luz, para dar un ejemplo. Dicen que el pago de la luz es un tema de seguridad, pero no es así”.
Y en efecto. El pago de ese servicio no está catalogado en el FORTASEG como un tema de seguridad. Y no tiene por qué. El FORTASEG fue creado para capacitar y equipar mejor a los policías de todos los municipios del país y no para pagar servicios como la energía eléctrica o la renta de oficinas.
Pero a los alcaldes les vale y dinero que les cae dinero que utilizan en menesteres ajenos a los destinados originalmente.
Ojalá todos pagaran los recibos de la luz con ese dinero, pero no es así. Los hay que pagan la renta del departamento de aquellita, la compra de un auto, de un ranchito, de una residencia o un viajecito “de trabajo” al extranjero. ¿Y los policías? Que se jodan.
La falta de esos recursos ha dado como resultado que los policías municipales realmente arriesguen sus vidas cuando se enfrentan a los criminales.
En auditorías realizadas a las cuentas públicas, el ORFIS ha hecho señalamientos en este sentido que los alcaldes se han pasado por el forro. Son muchos los que siguen utilizando la “licuadora”, es decir, toman recursos destinados a un rubro, para solventar necesidades en otro rubro. El problema es que siempre queda un hoyo y ese hoyo generalmente es en seguridad.
De que el ORFIS los va a agarrar en la maroma, de eso no tengas duda, lector. Pero será hasta el 2021 cuando terminen su periodo de gobierno y se desate la corredera. Porque muchos van a correr.
Y mientras tanto…
Pérez Astorga indicó que son 20 ayuntamientos los que reciben recursos del FORTASEG por lo que es necesario que se creen contralorías ciudadanas para garantizar que los alcaldes usen esos recursos en reforzar la seguridad y no para otras cuestiones.
La idea es excelente y debería plantearse cuando antes en la Legislatura local y en la federal.
Desde hace años la seguridad es la principal exigencia de los veracruzanos y no es justo que los recursos que se destinan a ese rubro, sean desviados de manera criminal.
Y es que todo alcalde que está haciendo mal uso del dinero destinado a la seguridad, no sólo está desamparando a sus policías, sino que está cometiendo un crimen contra sus gobernados. Por lo tanto, debe ser juzgado como un criminal y no sólo como un simple desviador de recursos públicos.
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