Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Como debería ser en todos los casos, la Fiscalía General del Estado (FGE) aceptó la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la violación de los derechos de Luis Ángel Bravo Contreras, al ser detenido en 2018, a pesar de que contaba con la protección de la justicia federal, por lo que el órgano autónomo habrá de implementar procesos sancionatorios contra quienes hayan sido responsables de tales violaciones. *** La presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, dio a conocer que la Fiscalía ya fue notificada y respondió aceptando plenamente la recomendación. *** Lo que sigue es que, una vez notificado el quejoso, se verifique el cumplimiento de las recomendaciones. *** En caso de que la autoridad determine que se cometió un delito, y que además exista una denuncia penal, se podría proceder contra los presuntos responsables. *** “Primero una investigación para determinar quiénes son los servidores públicos responsables a título individual de esa violación a los derechos humanos, y una vez identificado esto, que se inicie un proceso sancionatorio administrativo y se determine su responsabilidad”, explicó la titular de la CEDH. *** Una carpeta de investigación más, en contra del exfiscal Jorge Winckler Ortiz y sus más cercanos colaboradores.
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En el más reciente “corte de caja” del gobierno federal en materia de seguridad se puso especial énfasis en los asaltos en carretera, especialmente a unidades que transportan diversas mercancías.
El reporte presentado por la Secretaría de Seguridad Pública federal considera a la carretera federal número 150D, en el tramo Puebla-Córdoba, en el estado de Veracruz, como “el tramo más peligroso para el transporte de carga”.
Tan sólo ese tramo acumula 100 asaltos entre enero y octubre de este año (un promedio de 10 por mes), 89 de los cuales tuvieron lugar al paso de esta carretera por el estado de Puebla y 11 fueron ya en territorio de Veracruz.
Casualmente el segundo “foco rojo” en los asaltos a camiones de carga también se ubica en la carretera federal número 150D, pero ahora en el tramo que va de la Ciudad de México a Puebla. En esta parte se registraron 31 asaltos, 27 de los cuales se cometieron en territorio de Puebla y cuatro dentro de los límites de la Ciudad de México.
Esto permite concluir que en los 388 kilómetros de longitud total de la carretera 150D que une la Ciudad de México con el estado de Veracruz -pasando por Puebla- se registraron 131 asaltos, lo que arroja un promedio de un asalto por cada 3 kilómetros de pista.
En días recientes, en charla con el alcalde de Perote, el médico Juan Francisco Hervert Prado, reconoció que la incidencia de asaltos carreteros en su municipio ha disminuido, especialmente por la presencia de la Guardia Nacional y el apoyo del Ejército Mexicano.
No es, sin embargo, un tema resuelto. La zona más peligrosa está en el tramo Puebla-Orizaba y ahí poco se ha podido lograr.
Sobre el tema de la seguridad en los estados y el papel que deben jugar los gobernadores, vale la pena retomar la reflexión del periodista Jorge Fernández Menéndez:
“Se dio a entender, en la conferencia de ayer, que existe una relación directa entre que los gobernadores participen en las reuniones de seguridad similares a las que realiza el gobierno federal, con la incidencia delictiva. La verdad es que los propios datos proporcionados no lo demuestran. Los gobernadores de Querétaro, Nuevo León o Coahuila no suelen participar de ese mecanismo, no está en el centro de su operación de seguridad y tienen muy buenos números; otros gobernadores lo hacen constantemente y sus estados están en una situación lamentable. Algunos han logrado altos grados de coordinación interinstitucional, pero hay quienes participando no logran ponerse de acuerdo o entran en conflicto, entre otras razones, por la presencia de los superdelegados, quienes no tendrían que tener un lugar en ese espacio institucional y se confrontan con los gobernadores. La diferencia está en otra cosa y ésa es la mayor deficiencia del modelo actual. No hay un modelo policial integrado, homologado para todo el país. No hay tampoco recursos para ello. La Guardia Nacional no alcanza para los fines propuestos. Haber desaparecido en forma tan abrupta la Policía Federal ha restado elementos en vez de haber sumado al esfuerzo nacional. Cada gobernador atiende el tema de seguridad como Dios le da a entender: con su firmeza, sus debilidades, sus recursos, su realidad”.
Y Veracruz es un ejemplo de lo dicho por este analista. Los últimos cuatro gobernadores han invertido fuertes sumas en el combate a la delincuencia, han seguido de cerca, sin descanso, los esfuerzos conjuntos de las diversas corporaciones, e invariablemente han visto cómo sus cifras se mantienen altas y, en algunos casos (como en el bienio yunista) incluso se van más arriba.
Volvemos a un principio básico de la productividad: Trabajar mucho no significa trabajar bien.
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Epílogo.
Una distinción más del Presidente Andrés Manuel López Obrador para el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. En la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobó la creación de la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la que será presidida por el mandatario de Veracruz. *** En esta responsabilidad Cuitláhuac García estará apoyado por tres vocales: el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo y los mandatarios de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. *** Pocas veces se le había visto tan molesto al secretario de Educación, Zenyazen Escobar, que cuando tuvo que hablar de la “utilidad” del número telefónico habilitado para “emergencias de seguridad” por parte del magisterio. Resulta que, según el funcionario, los maestros utilizan ese número para pedir informes sobre sus pagos pendientes o la entrega de plazas, y no para denunciar hechos que les pongan en peligro. *** El secretario debe respirar profundo y entender que si utilizan la línea de emergencia para recabar información sobre su situación laboral, es porque el área administrativa no ha tendido los puentes de comunicación de manera correcta. Es lo que en la Contraloría General del Estado se conoce con el eufemismo: “un área de oportunidad”.
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