Obras, al mejor postor

Obras
Elio Hernández en comaprecencia FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio.

Ya se había anticipado en este espacio: Los abogados de Javier Duarte avanzan a pasos acelerados en su combate contra la sentencia que mantiene al exgobernador de Veracruz en la cárcel. *** Este miércoles el portal “Animal Político” presenta un detallado resumen de la situación que guardan hasta el momento los expedientes en contra de Duarte de Ochoa. *** Llaman la atención sobre dos resoluciones que deberán tomar Tribunales Colegiados. Una de ellas, en el Primer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, resolverá si procede la petición de la defensa de Javier Duarte para que se le permita apelar la condena que él mismo aceptó, bajo el argumento de que las pruebas bancarias usadas en su contra se obtuvieron ilegalmente. Otros coacusados en este mismo proceso han sido absueltos por dicha razón. *** La segunda, en el Séptimo Tribunal Colegiado decidirá si confirma el amparo que ya obtuvo una organización civil para acceder a la investigación iniciada en la Fiscalía General de la República por la presunta corrupción de los fiscales del caso Duarte. A la petición de acceso a este expediente ya se sumó esta semana la Barra Mexicana de Abogados. *** Se espera que las resoluciones de ambos tribunales se den a conocer la próxima semana y de ahí se conozca el futuro jurídico de Javier Duarte, pues ese es el único proceso penal que lo mantiene en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

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Hay un debate que ha crecido en los últimos días entre analistas del acontecer político y social de Veracruz. La duda es si los servidores públicos del gobierno estatal deben ser calificados como “ingenuos” o como “cínicos”.

En la glosa del primer informe de labores del gobernador Cuitláhuac García, los funcionarios han admitido que violentan las leyes que los rigen, sin el menor rubor y utilizando, como único argumento, que “los de antes eran peores”.

Ya lo había admitido el pasado martes Guillermo Fernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y hoy lo hizo el secretario de Infraestructura y Obras Pública (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez: De los 208 contratos o acuerdos para la construcción de obras e infraestructura iniciados en el presente año, 129 han sido por adjudicación directa.

Quizá Elio Hernández no conozca el marco jurídico que norma el funcionamiento de la dependencia a su cargo. Sin emargo, debe tener especialistas en la materia que estaban obligados a advertirle.

La Ley número 825, de Obras Públicas, en su artículo 49 establece que los entes públicos podrán optar por no llevar realizar la licitación pública y celebrar contrato a través de una invitación a cuando menos tres personas o mediante la adjudicación directa, pero esa medida “deberá estar fundada y motivada, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado o Municipio”.

Apegados a ese ordenamiento, resulta que en seis de cada diez obras, era más conveniente para el Estado adjudicar la obra sin licitación, lo que a todas luces permite concluir que hubo “moche”.

Eso está tipificado como delito y a estas alturas los órganos de control interno de esas dependencias debieron advertirle a los titulares que estaban pisoteando la Ley, y si no les hicieron caso, debieron reportarlo a la Contraloría General del Estado. Nada de eso ha sucedido.

Ya lo del subejercicio pasa a segundo término.

En efecto, el funcionario admite que a un mes de que concluya el presente ejercicio fiscal, la SIOP ha ejercido apenas el 51 por ciento del presupuesto que le fue asignado. Ya lo dijimos aquí, pero vale la pena recordarlo: subejercicio no es lo mismo que ahorro. No haber aplicado el presupuesto en su totalidad, significa que no se realizaron todas las obras previstas para el presente año. Eso se llama –por decir lo menos- ineficiencia.

Lo que debemos reconocerles a los actuales servidores públicos es que son generosamente honestos. Facundo Cabral tenía una canción a la que llamó “Cuidado con los boludos” y los clasificaba. “El boludo fosforescente –decía- porque hasta de noche se ve que por allá viene un boludo”, pero advertía sobre el más peligroso de todos: “El boludo demagogo, que cree que el pueblo entero es boludo”.

Facundo Cabral, por cierto, hizo una adaptación de este texto a la idiosincracia del mexicano. Los actuales servidores públicos deberían buscarla.

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Epílogo.

Mientras se mantienen “huyendo como ratas” ´(expresión utilizada por Luis Ángel Bravo) el oaxaqueño Jorge Winckler y su maestro Marcos Even Torres tienen trabajando horas extras a sus abogados. Esta semana consiguieron una suspensión provisional para evitar ser detenidos, aunque con la advertencia del juez de distrito de que “si la orden de aprehensión se refiere a delitos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión concedida no impide la detención del quejoso”. No debemos pasar por alto que el proceso abierto contra Jorge Winckler, Marcos Even Torres y Luis Eduardo Coronel, es por desaparición forzada de personas, delito para el que se considera prisión preventiva de oficio. *** La bancada de Morena en el Congreso local, que coordina Juan Javier Gómez Cazarín, dio a conocer que combatirán la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido, para conseguir que se retire la decisión de expulsar a sus compañeros Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Jessica Ramírez Cisneros y José Magdaleno Rosales Torres. *** La conclusión de Gómez Cazarín sobre este caso fue clara: “Soy respetuoso de la decisión de la Comisión de Honor y Justicia, lo único que puedo decir es que yo no veo mano negra; hubo algún descuido de parte de nosotros, pero sabemos que tiene una solución”. *** Aquellas bancadas que ya veían la posibilidad de incorporar a los expulsados, se quedarán con las ganas.

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