Es turno del Poder Judicial

Judicial
Cuitláhuac García Jiménez y Edel Álvarez Peña FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez / 

Prefacio.

Ya están listas. Son cinco carpetas de investigación concluidas, por las que se estarán tramitando con los jueces las respectivas órdenes de aprehensión. *** Exfuncionarios del más alto nivel en Educación, Salud y Finanzas, serán requeridos por la Justicia para que respondan a los señalamientos en su contra. *** Aquí ya habíamos adelantado dos nombres que estarían incluidos en esas denuncias: El exdirector del Instituto de Espacios Educativos, Ignacio Alberto Barradas Soto, y el exdirector de Infraestructura de Salud, Alberto Javier Estévez Calvo. *** No son los únicos, pero podrían convertirse en las “puntas de la madeja” para dar con el entramado de corrupción que se tejió durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. *** Las órdenes de aprehensión giradas contra Jaime Téllez Lacedelli (hijo de exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié) y contra Joao Jair García Uscanga, fueron apenas los primeros avisos de la ofensiva jurídica que se desatará en contra de todo aquel exservidor público que haya incurrido en actos de corrupción. *** Están avisados.

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El debate en la presente semana será el relevo (o reelección) en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, posición que actualmente ocupa el magistrado Edel Álvarez Peña, quien apenas el pasado viernes, luego de su tercer informe de labores, admitió que sigue analizando si va por un nuevo período en el cargo.

En diciembre del 2018 nadie apostaba a que Edel Álvarez lograra concluir su período como Presidente. El nuevo gobernador, Cuitláhuac García, había expresado abiertamente, ante los medios de comunicación, su desconfianza con la actuación del Fiscal General, Jorge Winckler, y del titular del Poder Judicial.

La diferencia entre ambos personajes fue la actitud ante los señalamientos del mandatario estatal. Mientras Winckler “compraba” el pleito y se se enfrentaba al gobernador, Edel Álvarez Peña fue prudente y se concentró en convencerlo, con trabajo, de que podrían caminar de forma coordinada.

Alguien, con mucho tino, convenció a Cuitláhuac García de que no se enfrentara de forma simultánea con los responsables de la procuración y de la impartición de justicia, serían dos frentes demasiado complicados que le generarían demasiados problemas.

No fue, la de Edel Álvarez, una gestión sencilla. Le tocó la obligación de transformar al Poder Judicial, para que fuera capaz de hacer frente a esta nueva forma de ver la justicia en el país.

Modernizar las instalaciones existentes y crear espacios de impartición de justicia donde no había, además de brindar capacitación a todo el personal, fueron sólo algunas de las tareas fundamentales durante su gestión.

Tuvo que hacer frente, además, a una circunstancia jamás vivida en el Poder Judicial: Durante casi dos años se trabajó con un déficit de al menos once magistrados, porque los gobernadores en turno no encontraban “el momento político oportuno” para presentar sus propuestas para ocuoar esos cargos.

Para evitar que la carga laborar ahogara a los magistrados en funciones, el Presidente del Consejo de la Judicatura designó, de forma temporal, a jueces que realizaban la labor que les correspondería a los magistrados.

Fue el pretexto ideal: De inmediato sus detractores hablaron de la ilegalidad de la medida y del riesgo de que todos los asuntos atendidos por los jueces habilitados, pudieran ser invalidados.

El tema se fue a las cortes federales y finalmente el pasado viernes el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito estableció que ante la falta de un magistrado que integre alguna de sus salas, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, en uso de las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial “podrá designar a una persona para integrarla, mas no nombrarla con aquel carácter (de magistrado)”.

Dicha Tesis fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el pasado viernes, y ese mismo día se publicó otra, en la que se advierte que “la legitimidad de la designación de un juez como comisionado para integrar una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no puede ser materia de análisis en el juicio de amparo”.

En el texto se explica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo no es susceptible de analizarse la competencia de origen de la autoridad responsable –es decir, la legitimidad de su nombramiento- pues en aquel sólo se estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su artículo 87, que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia será elegido por el Pleno (que integran los Presidentes de cada una de las salas colegiadas) cada tres años, en la primera semana de diciembre, y podrá ser reelegido por una sola vez.

Es evidente que Edel Alvarez está analizando si están dadas las condiciones para prolongar su gestión o, de lo contrario, retornaría a una de las salas a concluir su función como magistrado.

En los pasillos del Poder Judicial las opiniones están divididas. Hay quienes plantean que se debe aprovechar la óptima dinámica de trabajo que ha construido el actual Presidente, tanto con el gobierno estatal, como con la Fiscalía General del Estado. Otros, sin embargo, sugieren que es momento de que ese organismo se renueve y plantean que es buen momento para brindarle la oportunidad a una mujer.

En las últimas horas quien más fuerte ha sonado ha sido la nueva magistrada Sofía Martínez Huerta, quien fue asignada a la Segunda Sala, antes fue secretaria de acuerdos y cuenta con doctorado en derecho.

Falta muy poco para que lo sepamos.

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Epílogo.

Durante el fin de semana el exgobernador Javier Duarte de Ochoa volvió a recurrir a su cuenta de Twitter para dar su postura respecto a las denuncias presentadas por el actual secretario de Educación, Zenyazen Escobar y que involucra a algunos de los que fueron sus colaboradores. *** “Del monto observado es importante señalar cuánto corresponde al periodo de mi administración y cuánto a la administración posterior; los Institutos Tecnológicos son unidades administrativas descentralizadas y, por lo tanto, cada directiva de cada uno de ellos es responsable del manejo de sus propios recursos, y en el caso del Colegio de Bachilleres de Veracruz (Cobaev) las observaciones corresponden al pago de salarios a personal de base y al otorgamiento de comisionados, es decir, no a que se hayan sustraído recursos de esta institución educativa”. *** Javier Duarte no dejó pasar la oportunidad para apuntarse una “estrellita”, cuando recordó: “Lo que sí puedo asegurar y es algo de lo que me siento más orgulloso, es que durante mi gobierno la matrícula académica de los Institutos Tecnológicos aumentó a más del doble y sus alumnos obtuvieron varios primeros lugares en los concursos mundiales donde compitieron”. *** Lo confirmó el comandante de la Tercera Zona Naval, Sergio Antonio Islas Sánchez: El convenio de seguridad pública entre la Secretaría de Marina y el Gobierno de Veracruz seguirá vigente. “Se va a mantener el compromiso con el Gobierno del Estado de seguir ejerciendo las funciones de Policía Naval en los municipios que así lo manifiesta el convenio. Hasta ahorita simplemente se mantiene el que ya existía vigente”, expresó. Bien.

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