Ricardo Peña Olvera / El 21 de junio de 2018, se hizo público el Informe de Evaluación del funcionamiento del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en México, elaborado por Bénedicte Lucas y Francoise Roth, consultoras expertas de EUROsociAL+ (programa financiado por la Comisión Europea de cooperación entre América Latina y la Unión Europea, compuesto por LA Fundación internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas [FIIAPP], Expertise France, IILA [Organización Internacional Italo-Latino Americana], SISCA [Secretaría de Integración Social Centroamericana] y SICA [Sistema de la Integración Centroamericana), que busca contribuir a la mejora de la Cohesión Social en los países Latinoamericanos, así como al fortalecimiento institucional, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de género, gobernanza y políticas sociales.
El Informe, realizado a solicitud del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), contiene una referencia objetiva del compromiso y la voluntad política que ha tenido el Estado Mexicano para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, muestra de ello fue la publicación, en 2007, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), reconocida como una de las leyes en la materia más integrales de la región de América Latina y el Caribe (de una muestra de 33 países, México es uno de los 9 que cuenta con una Ley Integral).
La LGAMVLV es la que dio origen, en 2009, a la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), así mismo, es donde se establece el mecanismo para atender las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
En 2013 se modificó el reglamento de la LGAMVLV, con el propósito de hacer más útil, eficiente y transparente el mecanismo de AVGM, el cual, habría que reconocerles, ha sido un detonante para visibilizar la violencia en contra de las mujeres, pero se debe también señalar enfáticamente, que no se ha convertido en una herramienta de política pública efectiva para prevenir, atender y enfrentar la violencia contra las mujeres y el feminicidio en México y por supuesto que Veracruz no es la excepción.
La primera AVGM en el, estado, se declaró por violencia feminicida, el 23 de noviembre de 2016, y la segunda, se decretó el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los 3 poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La forma en que se organizó el mecanismo para atender las AVGM, posterior a las dos declaratorias en Veracruz, consideró la composición de grupos de trabajo integrados por representantes de los tres Poderes que conforman el Estado, Fiscalía General, Grupos de Expertos (Académicos presuntamente doctos en la materia), CONAVIM, INMUJERES, CNDH, así como, diversos Colectivos.
Una de las características del mecanismo para atender la AVGM, establecía el cumplimiento de Indicadores, propuestos por el grupo de expertos y, a su vez, exigidos por la CONAVIM al estado veracruzano.
Lo que se debe destacar, para conocimiento del Poder Ejecutivo actual, es que los grupos de expertos que integraron los grupos de trabajo, tuvieron una dualidad perniciosa con el titular del ejecutivo anterior, y concretamente con el Secretario de Gobierno, ya que mientras en la AVGM por feminicidio le daban seguimiento estricto y exagerado (al no tener criterios objetivos calificables) a los Indicadores, en la AVGM por Agravio Comparado funcionaron como asesores de la Secretaría de Gobierno, es decir, se desempeñaron como mercenarios, al cobrar sus asesorías al gobierno del estado y a su vez, les correspondía (de acuerdo a la obligación contraída con la CONAVIM), calificar los resultados obtenidos al mismo Gobierno, y siendo entonces ser juez y parte de las Alertas, en el Gobierno del estado nadie denunció este abierto conflicto de intereses.
Cabe señalar, que ese conflicto de intereses fue referido por el Poder Judicial, en 2018, cuando envió su informe a la CONAVIM para acreditar el cumplimiento a los Indicadores, donde además se exigió que se eliminara la Declaratoria de Alerta para Veracruz, en razón de que los Indicadores exigidos al Poder Judicial, se cumplieron incluso en exceso.
En ese sentido, en el Poder Judicial, antes de que fuera decretada la segunda Alerta, se atendieron diversas peticiones de Colectivos, con acciones jurídicas específicas, que se alinearon a las características de las Alertas, dando como resultado, en la Alerta de Agravio Comparado, que de 27 casos de mujeres indígenas juzgadas por el delito de aborto, se analizaron sus sentencias, y de todas ellas se determinó que no se acreditaba el tipo penal de aborto, por lo que, con la debida coordinación interinstitucional se logró, a mediados de 2017, su inmediata liberación anticipada, al sobreseerse los juicios de origen.
Para la elaboración de este Informe, fueron entrevistados a nivel nacional diferentes actores sociales y políticos que forman parte estructural de las acciones y programas llevados a cabo para erradicar la violencia en contra de las mujeres; en Veracruz fue tomada en consideración la opinión del Colectivo Equifonía.
Es por todo lo anterior, que el Gobernador del estado, tiene la oportunidad de redireccionar las pifias y actos de corrupción realizados por la administración anterior, y apoyarse en las acciones del Poder Judicial, que es quien de origen si dio cumplimiento puntual a los Indicadores exigidos por la CONAVIM.
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