Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Fue apenas la semana pasada, en los juzgados federales de Xalapa. *** Fernando Charleston Hernández, uno de los secretarios de Finanzas y Planeación de Veracruz en la administración de Javier Duarte, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos federales. *** La audiencia se prolongó por muchas horas y concluyó cerca las 4 de la madrugada. Durante su desarrollo, el imputado (Fernando Charleston) sufrió un desmayo y se tuvo que pedir el auxilio de los servicios médicos para brindarle atención. *** Dos fueron los factores fundamentales para que el juzgador fallara en contra del exdiputado federal por Coatepec. Uno, documental, que fue aquella “minuta de trabajo”, firmada el 7 de marzo del 2014 por el propio Fernando Charleston, en su calidad de secretario de Finanzas; por el entonces Contralor General del Estado, Mauricio Audirac, y como testigo el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez. *** En ese documento los funcionarios del gobierno estatal admitieron “la existencia de recursos federales que deben ser depositados por el Estado a las cuentas bancarias específicas que este tiene aperturadas respecto de los fondos del Ramo 33 y del Seguro Popular”. Dichos recursos ascendían a poco más de 4 mil 770 millones de pesos. *** El otro factor fue testimonial: La declaración jurada del testigo de la PGR, Antonio Tarek Abdalá Saad, quien manifestó que los movimientos financieros que él hizo en su calidad de Tesorero del Estado, fueron en atención a instrucciones directas de Fernando Charleston. *** Es muy probable que al final del proceso abierto en contra de Fernando Charleston, éste sea sentenciado por algún delito menor (“uso ilícito de atribuciones y facultades”, por ejemplo) y no, como hasta ahora se pretende, por peculado.
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El Poder Judicial Federal parece no tener prisa alguna para resolver, de fondo, la solicitud de amparo del aún fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, contra la reforma a la Constitución local, que le otorga atribuciones a los diputados para removerlo de su cargo.
El pasado miércoles estaba programada, a las 10 de la mañana, la audiencia constitucional para dar respuesta al trámite del servidor público.
El Juzgado Primero de Distrito resolvió:
“Mediante proveído de 7 de enero de 2019, el Jefe del Departamento de Amparos del Congreso del Estado y la Directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, interpusieron recurso de queja contra el acuerdo de admisión de 21 de diciembre de 2018. Asimismo, por diverso auto de 25 de enero de la presente anualidad, el quejoso interpuso un diverso recurso de queja contra el auto de 16 de enero último; medios de impugnación que se encuentran pendientes de resolver. Por tanto, tomando en consideración que las resoluciones que recaigan en el citado recurso de queja pueden influir en el sentido de la sentencia que se dicte en el presente juicio, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las diez horas con once minutos del 13 de febrero de 2019”.
Los abogados de Jorge Winckler están recurriendo a todos los recursos jurídicos disponibles para prolongar su agonía. Al final la resolución será negarle el amparo.
Mientras tanto, la Comisión Instructora emitió los dictámenes sobre las dos solicitudes de juicio político que le llegaron en contra de Jorge Winckler. En ambos casos la resolución es que los juicios son procedentes. Lo que sigue es que se convoque al Pleno del Congreso, para que se erija en jurado de acusación y resuelva (con el voto de dos tercios de sus integrantes) si ha lugar a continuar con el procedimiento.
De ser respaldado el dictamen de la Comisión Instructora, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, que a su vez turnará el asunto a la Sala Constitucional.
En opinión de la Comisión Instructora, Jorge Winckler puede ser procesado por los delitos de desaparición forzada, tortura, incumplimiento de un deber legal y falsedad de declaraciones.
Este jueves, sin embargo, concluyó el Primer Período Ordinario de Sesiones y los dictámenes de la Comisión Instructora llegarán a la Comisión Permanente, que habrá de citar a sesión extraordinaria del Pleno.
Tiempo es lo que busca Jorge Winckler, y hasta ahora lo ha conseguido.
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Epílogo.
Ya se había anticipado en este mismo espacio: La irregular “solventación” de irregularidades detectadas por el Orfis en diversos entes fiscalizables, por parte de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura, está siendo sometida a una profunda revisión. *** El Órgano Interno de Control del Congreso del Estado realizó las investigaciones pertinentes y se habrá de proceder contra los diputados de la pasada Legislatura que “perdonaron” vicios que permitían presumir daño patrimonial. *** El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Sergio Vázquez Jiménez, mencionó que entre los señalados con probable responsabilidad por esta irregularidad figuran los diputados en funciones Juan Manuel de Unanue, Rodrigo García Escalante, Judith Pineda Andrade y Bingen Rementería. Se avecina otro “palo” al yunismo. *** Concluyó el primer período de sesiones ordinarias en el Congreso local y fue elegida la diputación permanente, que quedó integrada de la siguiente forma: José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala Ríos, vicepresidenta y Alexis Sánchez García, secretario. Como vocales fungirán los diputados María Josefina Gamboa Torales, Montserrat Ortega Ruiz, Magaly Armenta Oliveros, Deisy Juan Antonio, Jessica Ramírez Cisneros, Erik Iván Aguilar López y Raymundo Andrade Rivera. Los sustitutos serán Elizabeth Cervantes de la Cruz, Judith Pineda Andrade, María Candelas Francisco Doce, Adriana Esther Martínez Sánchez, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Rodrigo García Escalante, Rubén Ríos Uribe, Sergio Hernández Hernández, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Henri Cristophe Gómez Sánchez.
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